Por estrategiaynegocios.net
Estados Unidos, por medio del Departamento de Estado, reveló que tiene “gran preocupación” por al menos siete industrias en Costa Rica, a las que vincula por posible lavado de dinero y sobre los cuales estima que se debe tener mayor vigilancia.
La información se dio a conocer en el volumen II del Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes (INCSR), el cual, por ley, expone ante el Congreso la condición en que se encuentran 81 países sobre el cumplimiento de normativas internacionales contra la legitimación de capitales.
Costa Rica es uno de los países incluidos entre las “principales jurisdicciones de lavado de dinero en 2022”.
”El país ha sido el principal punto de transbordo de la cocaína andina con destino a Estados Unidos y Europadesde 2021. Industrias que incluyen construcción, bienes raíces, venta de vehículos, cambio de moneda y los hoteles siguen siendo vulnerables al lavado de dinero (...) Las empresas legalizadas de juegos de azar y apuestas deportivas tienen grandes operaciones en Costa Rica y son un gran preocupación por el lavado de dinero“, detalla el informe.
Pese a que esta no es una lista negra o indicación de que no esté haciendo grandes esfuerzos para combatir el lavado de dinero, son países que tienen algunas falencias relacionadas con la prevención ese delito. Costa Rica figura como un territorio propenso a negocios ilícitos que facilitan el flagelo.
Como se había mencionado en otros años, también se incluyen delitos ambientales, incluidos la tala ilegal, la extracción de oro y el tráfico de vida silvestre, como fuentes para lavado de dinero, lo que también genera “persistentes preocupaciones.”
“El crimen organizado y el narcotráfico siguen siendo los principales impulsores del lavado de dinero y delitos financieros en Costa Rica. Costa Rica no es un centro financiero, regional o extraterritorial”, subraya el análisis del Departamento de Estado.
Sin embargo, critican que no exista una ley de extinción de dominio independiente, pese a que a través del “capital emergente” por medio de una acción administrativa no penal, el gobierno tiene la autoridad para incautar y confiscar lo que represente un aumento en el valor neto de cualquier individuo al demostrar que no hay “ningún interés legítimo aparente”.
