Por estrategiaynegocios.net
El ministro de Comercio e Industrias de Panamá (Mici), Federico Alfaro Boyd, anunció que el Gobierno planea crear una autoridad minera y reformar el Código Minero que data ya de 1963.
El actual rige la mayoría de las actividades relacionadas con los depósitos minerales del país, incluida la instalación de un régimen para otorgar concesiones de exploración y producción a particulares.
El ministro del Mici se refirió al respecto luego de que a inicios de marzo pasado el Gobierno Nacional y Minera Panamá lograran un acuerdo del texto final del contrato de concesión del proyecto Cobre Panamá y en medio del proceso de consulta pública “no vinculante”.
El acuerdo entre el Gobierno Nacional y Minera Panamá se logró tras más de un año de negociaciones y discusiones y, según reiteró Alfaro, con este nuevo contrato se buscaba que reflejara los mejores intereses para el país, y así lo refleja no solo en la parte económica y fiscal, sino en los límites a la extracción, por ejemplo.
“El contrato de concesión anterior le permitía a la empresa extraer cualquier tipo de material, pero el nuevo lo limita solo al cobre y a sus minerales asociados”, afirmó Alfaro. Detalló que cuando se extraen los recursos minerales del yacimiento, más del 50% del material extraído es cobre pero también hay otros minerales como oro, plata, molibdeno y otros.
Alfaro dijo que el reciente acuerdo establece una nueva fórmula de regalías, más beneficiosa para los panameños que el anterior contrato de concesión de 1997. Así, de solo recibir entre 2 % y 5 % en función de la ganancia bruta por la explotación del cobre, con el contrato de 1997, ahora el Estado recibirá de 12 % a 16 % y, adicional, la minera pagará impuesto sobre la renta, impuesto de dividendos, impuesto de remesas e ITBMS por compras.
Se esperan ingresos mínimos para el Estado panameño por US$375 mil en cada año de vigencia del contrato, 10 veces más que lo que recibía el país con el contrato ley de 1997, tal y como anunció el presidente de la República, Laurentino Cortizo, en enero de 2022.
Los estudios de la propia empresa arrojan que dentro de las 12.950 hectáreas de área de concesión, hay potencial, o hay una vida útil de la mina que va más allá de los 40 años, entre 50 o hasta 60 años.
El nuevo contrato también contiene una cláusula anticorrupción que permite al Estado dar por terminada la concesión si se comprueban actos de corrupción incurridos por la empresa y el compromiso por escrito de iniciar la transición de su planta de energía de carbón hacía un mayor uso de fuentes de energías renovables, entre otros términos.
Con información de La Estrella de Panamá
