Por estrategiaynegocios.net
El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá (Mitradel) informó que no ha recibido solicitud de suspensión de contratos por parte de la empresa Minera Panamá.
Representantes de proveedores, trabajadores no sindicalizados y personal administrativo de la empresa Minera Panamá fueron recibidos en el Anfiteatro de la Presidencia de la República con la finalidad de atender algunas dudas por parte de los trabajadores.
De acuerdo con una nota de prensa oficial, Zaritma Simon, asesora de Mitradel, informó a estos representantes que no hay una solicitud al día de hoy para suspender los contratos de trabajo de los empleados de la mina.
Uno de los puntos tratados en la reunión fue la decisión de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) de suspender las operaciones de embarque de concentrado de cobre desde el 26 de enero de 2023, basado en una determinación legal.
Ante este tema, los representantes del Gobierno señalaron que la operación de un puerto se hace a través de un contrato entre la AMP y la empresa. En ese contrato hay deberes y obligaciones que se tienen que cumplir y en este momento hay una parte técnica que no se ha cumplido.
Por su parte, representantes del MICI señalaron que las exportaciones del concentrado de cobre no están amparadas en este momento por un contrato y la idea era acelerar el proceso y establecer las nuevas reglas acordadas y de allí que las exportaciones tuvieran un sustento.
La minera informó que dejó de procesar cobre en la gran mina que opera en el país debido a que no puede embarcar la carga, y anunció que “desmovilizará parcialmente más de 8,000 empleados y contratistas”, en medio de la controversia contractual que mantiene desde hace más de un año con el gobierno panameño.
El acuerdo anunciado hace más de un año incluía elevar de 2 % a entre 12 % y 16 % las regalías, garantizar un aporte anual mínimo al Estado de US$375 millones, “10 veces más” de lo que ha aportado la empresa anteriormente, y el pago de impuestos hasta ahora exentos.
La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional en 2017 la ley de 1997 que avaló la concesión para la explotación de la mina, la más grande a cielo abierto de Centroamérica.
Con información de La Estrella de Panamá
