Por estrategiaynegocios.net
El contrato que se firmaría entre el gobierno de Panamá y Minera Panamá, ha sido publicado en la plataforma Ágora, esto para consulta pública del proyecto Mina de Cobre Panamá.
El documento también establece una hoja de ruta de los ingresos que recibirá el Estado por la concesión minera, los tiempos establecidos de operación, los compromisos de la empresa con el fisco y la creación de un plan de cierre de mina, entre otros temas.
El ingreso mínimo que debe garantizar la empresa minera al Gobierno panameño es de US$375 millones anualmente. Adicionalmente debe pagar regalías por el 12% y 16% en función de la ganancia bruta. Y 2% como regalía mínima.
En el documento se indica que Minera Panamá pagará US$395 millones al Gobierno panameño por obligaciones tributarias, regalías y declaración jurada al 31 de diciembre de 2021 y 2022. El pago debe hacerse efectivo dentro de los 30 días posteriores a la publicación en Gaceta Oficial del nuevo contrato de concesión de 12.995 hectáreas para la explotación de cobre, en el distrito de Donoso, provincia de Colón, que será por un periodo de 20 años prorrogables.
La décima novena cláusula del contrato establece que este es un “pago acordado” entre las partes para finiquitar las obligaciones tributarias. Por lo tanto, el Estado libera a la empresa concesionaria de cualquier responsabilidad que pueda haber por tributo, regalías o declaración en dicho periodo, así como sus respectivos recargos, intereses, multas o penalidades. A cambio, la empresa concesionaria renuncia a las solicitudes de créditos fiscales para pagos de impuestos municipales.
El contrato establece los compromisos de la empresa por derechos de uso y servidumbre fuera del área de concesión. Este pago también se realizará anualmente y durante la vigencia del contrato, a razón de US$10 por hectárea o fracción de hectárea. Y cánones por el uso de agua.
El plan de cierre de la mina debe contemplar un plan de recuperación ambiental y abandono de acuerdo con el estudio de impacto ambiental. En material ambiental, la empresa está obligada a presentar al Ministerio de Ambiente un plan de contingencia que aplique tecnología adecuada y eficiente para la captura de sustancias químicas en ríos y cuerpos de agua ubicados en el área de concesión y fuera de estas que hayan sido afectadas por la actividad minera. La empresa también implementará un mecanismo de producción limpia y economía circular.
Una cláusula anticorrupción que permite al Estado dar por terminada la relación si se comprueban actos de corrupción en los que haya incurrido la empresa, también se ha incluido en el contrato. Y la creación de la oficina especial del Estado, con un máximo de seis funcionarios para labores de supervisión, monitoreo, control, seguimiento y verificación de las normas ambientales y labores mineras, las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Con información de La Estrella de Panamá
