Por estrategiaynegocios.net
En medio de las conversaciones para alcanzar un nuevo contrato entre las partes, la Dirección General de Puertos e Industrias Marítimas Auxiliares de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ordenó a la Minera Panamá suspender las operaciones de carga realizadas en el puerto de Punta Rincón.
Esto hasta que la empresa presente a satisfacción del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), el inicio del proceso de certificación de la calibración de las balanzas y pesas por una empresa certificada por el Consejo Nacional de Acreditación, o una empresa homóloga acreditada con el propósito de hacer cumplir los convenios internacionales suscritos por Panamá cuyo fin es salvaguardar la vida humana en el mar y evitar catástrofes de contaminación en nuestras aguas jurisdiccionales.
Lo anterior en virtud de dos hallazgos de la AMP que datan de 2017 y 2020, pero que hasta la fecha se mantienen pendientes por parte de la empresa relacionados a la no aportación de evidencias de la calibración de las pesas y balanzas utilizadas para medir la carga a transportar minerales, lo que impactaría las cifras reportadas y estabilidad de la carga en las naves que se utilizan para la exportación.
Es decir, según la AMP, las balanzas de la mina no cuentan con la calibración certificada que evidencie las exportaciones efectuadas por la empresa en 2017 y en 2020. Pero aún así, el puerto continuaba en funcionamiento hasta que la AMP decidió emitir la presente resolución.
Los abogados de la firma Morgan y Morgan, en representación de la empresa neutralizaron la medida. Presentaron un incidente de nulidad absoluta de lo actuado en contra de la resolución, además de un recurso de reconsideración y apelaron la resolución.
El incidente y los recursos automáticamente activan los efectos suspensivos de las intenciones de la AMP, por lo que solicitaron a la entidad “se abstenga de dictar y/o verificar acto alguno contenido en la resolución”, según se lee en la respuesta que mandó la firma.
Además advirtieron que de no suspender la medida e insistir con el proceso iniciaría un proceso por posible extralimitación de funciones y/o abuso de autoridad respecto de los cuales deberá asumir la responsabilidad, entre otros, por los daños y perjuicios ocasionados a Minera Panamá.
Este asunto se suma a las apelaciones de la mina por la orden de suspensión de exportaciones dictada por el Mici, y el inicio de un proceso de arbitraje internacional que pretende dirimir las diferencias entre las partes ante la orden gubernamental de paralizar las operaciones mineras.
Con información de La Estrella de Panamá
