Por estrategiaynegocios.net
El Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (Mici) está dispuesto a alcanzar un acuerdo en el menor tiempo posible con First Quantum, la matriz de Cobre Panamá (operada por Minera Panamá), pero hay puntos insacrificables en este proceso.
Federico Alfaro, ministro del Mici, dejó claro en una entrevista que, “bajo ninguna circunstancia el Estado puede adscribir que las resoluciones administrativas, privativas del Estado, sean resueltas por un arbitraje internacional”.
Este es uno de los puntos que están trabando las conversaciones y la firma del contrato entre las partes.
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Después de experimentar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró en 2017 inconstitucional la ley y el contrato que rige la actividad minera, la empresa quiere dejar por escrito otra vía de solución de conflictos.
Pero el Gobierno panameño no está dispuesto a conceder en un futuro esta facultad a un tercero, insiste en tener un rol primario, y después “si la empresa considera que el contrato fue resuelto de forma incorrecta, todavía tiene las opciones legales locales para hacer los reclamos”.
Con esto no esquiva el reclamo de la empresa sobre su seguridad jurídica en caso de expropiación o rescisión. Lo que pide Alfaro es “ser responsables, razonables, porque el Estado tiene sus preocupaciones y debe mantenerse en su posición para proteger sus intereses. Además, se trata de normas internacionales”.
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Hasta este momento la mina ha presentado siete recursos de apelación en contra de la resolución de cuido y mantenimiento ordenada por el Mici en diciembre, a los que debe responder la entidad la próxima semana. “Con base en eso, nosotros nos mantenemos firmes con esa decisión”, adelantó el ministro.
Paralelo a las conversaciones, la mina notificó su intención de someter a arbitraje de inversión los reclamos bajo el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Panamá. Alfaro enfatiza que el contrato incluye protecciones legales y económicas para la empresa considerando que se trata de una inversión billonaria, a largo plazo.
Esta semana, la empresa anunció a sus accionistas que estaba dispuesta a firmar un acuerdo, para ello admitió ciertas premisas económicas que exige el Gobierno panameño. Alfaro mantiene el mismo tono: “a nadie le conviene llegar a un punto que no sea la firma de un contrato”.
Con información de La Estrella de Panamá
