La organización Internacional Human Rights Watch registró en 2021 abusos a los Derechos Humanos en al menos cuatro países de Centroamérica: Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. Afirma que esto no ocurre en Costa Rica ni Panamá.
Estas conclusiones se desprenden del reciente Informe Anual 2022 de la organización, que abarca a casi 100 países.
HRW precisó que en las cuatro naciones señaladas hay persecución a opositores, corrupción, criminalidad, falta de transparencia ante la pandemia y no existe independencia de los Poderes del Estado.
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Además, afirma que se cometen violaciones a la libertad de prensa y hay pocas acciones, para el caso de El Salvador y Honduras, en frenar el accionar de las pandillas.
Gobierno nicaragüense: centraliza y es represor
El organismo deja ver que, en Nicaragua, desde que Daniel Ortega regresó al poder (2007) "ha desmantelado prácticamente todos los controles institucionales", ya que controla instituciones clave como el Consejo Supremo Electoral (CSE), que excluyó a partidos políticos opositores de cara a las elecciones presidenciales de 2021, contribuyendo al gane, por cuarto periodo consecutivo, de Ortega en medio del reproche de críticos y otros gobiernos de la región, Estados Unidos y Europa.También subrayó que los defensores de Derechos Humanos y opositores del Gobierno, "siguen siendo blanco de amenazas de muerte, agresiones, intimidación, hostigamiento, vigilancia, campañas de difamación en línea, detención y procesos penales arbitrarios".
Ortega también restringe la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación y ha cancelado personerías jurídicas a Organismos No Gubernamentales (a más de 60 a la fecha), remarca HRW.
El contexto ya ha propiciado a la migración. Según HRW, desde abril de 2018 hasta junio de 2021, más de 110.000 personas huyeron de Nicaragua. Costa Rica ha acogido a aproximadamente 80.000 refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses. Otros miles viven en México, Panamá, Europa y Estados Unidos.
Gobierno salvadoreño: democracia debilitada
HRW señala a El Salvador como lugar donde, desde 2021, el presidente salvadoreño Nayib Bukele y sus aliados en la Asamblea Legislativa (Parlamento), debilitaron "gravemente" el sistema de contrapesos democráticos.Los diputados afines al mandatario destituyeron, "de manera sumaria", a jueces de la Corte Suprema de Justicia, en sus primeras acciones, luego que la entidad emitiera sentencias que desagradaban al Ejecutivo. Además, promulgó leyes para remover a cientos de fiscales y jueces de instancias inferiores.
La nueva Corte, elegida por los allegados al Gobierno central, emitió una sentencia que le permite a Bukele reelegirse y ampliar su mandato de cinco a seis años, pese a una prohibición constitucional.
Sin control de maras y con criminalidad policial
HRW añade que las maras continúan "ejerciendo control territorial en algunos vecindarios y extorsionan a residentes en todo el país. Estos grupos también reclutan por la fuerza a niños y niñas y someten a abuso sexual a mujeres, niñas y personas LGBTI. Las maras (además) han desaparecido, desplazado y sometido a violación sexual a quienes se les resiste".
Según los medios de comunicación salvadoreños, hay aproximadamente 60.000 miembros de maras que operan en el país. Asimismo, han evidenciado que numerosos funcionarios y agentes de seguridad han negociado con estas organizaciones, incluso a cambio de conseguir su apoyo para las elecciones.
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En El Salvador, HRW subraya que hay sobrepoblación y salubridad deficiente en las cárceles, que ha potenciado el riesgo de que se propague el virus del COVID-19. Rememoró que, en marzo pasado, World Prison Brief reportó que habían más de 36.600 detenidos en las cárceles, lo cual representaba el doble de la capacidad oficial de las prisiones del país. Del total de la población carcelaria, cerca del 23 % se encontraban en prisión preventiva.
HRW evidencia que el presidente Bukele ha desplegado a las fuerzas militares en operativos de seguridad pública, pese a que el acuerdo de paz de 1992 lo prohíbe.
Para finalizar, según la organización, el presidente Bukele, desde que asumió la presidencia, ha atacado la credibilidad de los medios de comunicación no oficialistas, a los cuales ha acusado de difundir "noticias falsas" o de responder a intereses políticos.
Gobierno guatemalteco: propicia la corrupción
De acuerdo con HRW, en Guatemala, "la independencia judicial se ha visto amenazada por la corrupción, las demoras en el nombramiento de jueces, la negativa del Congreso a tomar juramento a la nueva Corte de Constitucionalidad y por la destitución del titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y denuncias espurias contra jueces y fiscales que investigan casos de alto perfil".HRW, refirió que "el Congreso ha hecho caso omiso de una orden de la Corte de Constitucionalidad a que proceda a elegir jueces y magistrados para el período 2019 a 2024, para llenar 13 vacantes en la Corte Suprema y 135 en Cortes de Apelaciones".
Hostigamiento contra activistas y prensa
Human Rights Watch enfatiza que "el hostigamiento y la violencia contra defensores de Derechos Humanos y periodistas sigue siendo una de las mayores preocupaciones", en ek país, ya que sus autoridades "han limitado el acceso a la información, incluso sobre la compra de vacunas y otras medidas para responder a la pandemia del COVID-19".
El organismo recuerda que Guatemala ocupa el puesto 116 entre 180 países de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa debido a la violencia constante contra la prensa y la impunidad de la que gozan los agresores.
Gobierno hondureño: sin freno al crimen organizado
HRW indica que en Honduras "el crimen organizado continúa afectando a la sociedad hondureña y obliga a muchas personas a abandonar el país. Los grupos más vulnerables a la violencia son los periodistas, ambientalistas, defensores de Derechos Humanos, personas LGBTI y personas con discapacidad". Este, afirman, será uno de los desafíos que deberá resolver la presidente electa, Xiomara Castro.El organismo detalla que, a diciembre de 2020, los desplazados internos en Honduras representaban casi el 80 % de la población en situación de desplazamiento interno en Centroamérica y México y alrededor de 191.000 personas debieron desplazarse dentro del país entre 2004 y 2018 a causa de la violencia, informó el gobierno.
Los grupos en mayor riesgo de desplazamiento interno, según el informe de HRW, son los niños y niñas sometidos al reclutamiento forzado por parte de pandillas; profesionales y propietarios de negocios que enfrentan extorsión; sobrevivientes de violencia doméstica, personas LGBTI y miembros de minorías étnicas que son víctimas de violencia y discriminación.
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Las comunidades rurales que sufren inseguridad alimentaria debido a sequías prolongadas y eventos climáticos extremos también son vulnerables al desplazamiento.
Impunidad, la norma
En este país "la impunidad continúa siendo la norma", resalta HRW. El organismo dice que en Honduras "hubo escasos avances en los esfuerzos para reformar las instituciones responsables de la seguridad pública. La actuación del poder judicial y la policía, instituciones donde la corrupción y los abusos son generalizados, sigue siendo en gran medida ineficaz".
Además "la asistencia y los recursos recibidos a través de una misión de cuatro años de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para fortalecer la lucha contra la corrupción y la impunidad, que concluyó en enero de 2020, no han dado lugar a reformas estructurales y duraderas. Los fiscales que luchan contra la corrupción han quedado indefensos".
Al igual que en El Salvador, las maras operan sin control. En Honduras "la violencia que emplean las maras es un problema generalizado en las áreas urbanas y sus alrededores. Las estimaciones sobre la cantidad de miembros activos de las pandillas oscilan entre 5.000 y 40.000; entre 2015 y 2019, alrededor de 4.196 fueron arrestados, informó la Policía Nacional", relata HRW.
En el informe se explica que las maras "ejercen el control territorial de algunos vecindarios y extorsionan a residentes en todo el país, participan en actos de extorsión y en tráfico de drogas; también reclutan por la fuerza a niños y niñas y someten a abuso sexual a mujeres, niñas y personas LGBT. Las maras, además, asesinan, desaparecen, violan o desplazan de manera forzosa a quienes les muestran resistencia".
En ese contexto, la Mara Salvatrucha (MS13) y la Barrio 18, son las mayores responsables del elevado índice de homicidios de Honduras, señala HRW.
Un país peligroso para periodistas
Según HRW, "Honduras es uno de los países más peligrosos del hemisferio occidental para los periodistas, siendo las fuerzas de seguridad su mayor amenaza, según indicó Reporteros sin Fronteras en 2021. UNESCO indica que, desde 2010, han sido asesinados 42 periodistas. Según la Sociedad Interamericana de Prensa, 29 periodistas han recibido medidas oficiales de protección".
HRW advierte que los jueces "son blanco de actos de interferencia, como presión política, amenazas y hostigamiento por parte del Poder Ejecutivo, particulares que tienen vínculos con el gobierno y maras".
Asimismo, "fiscales y denunciantes han recibido amenazas de muerte. La Corte Suprema, en particular su presidente, ejerce un control excesivo sobre la designación y remoción de jueces, y la inestabilidad de la carrera profesional limita la independencia de estos".
