Congresistas piden a Donald Trump reactivar el TPS para Nicaragua

Debido a 'las condiciones críticas e inestables que los nicaragüenses atraviesan' siete miembros del Congreso de Estados Unidos pidieron al mandatario de ese país, Donald Trump que "reconsidere su decisión de dar por terminado el Status de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) designado a Nicaragua", cuya expiración está programada para el 5 de enero de 2019, y 'extenderlo rápidamente'.

Para los congresistas firmantes, es responsabilidad de Trump reconsiderar la finalización del TPS debido a que en Nicaragua 'a violencia y los disturbios continúan empeorando'. 'Como usted sabe, el 18 de abril, los nicaragüenses empezaron a protestar pacíficamente contra el Gobierno de (Daniel) Ortega, exigiendo el restablecimiento de sus derechos ciudadanos. En respuesta, Ortega ha desatado su Policía Nacional y turbas progubernamentales armadas, matando a cerca de 400 personas e hiriendo a más de 2.000, además de los muchos nicaragüenses que continúan presos y desaparecidos. A la luz de esta violencia intolerable, creemos que los nicaragüenses que residen legalmente en Estados Unidos no deben ser enviados a esas inestables condiciones ", señala el documento presentado al presidente estadounidense.

Por lo tanto, expresaron los congresistas, "le solicitamos (al presidente Trump) considerar las precaria situación en Nicaragua y, en concordancia con todas las leyes y regulaciones aplicables, reconsiderar su decisión de finalizar el TPS para Nicaragua". "Estados Unidos tienen la responsabilidad de proteger las libertades fundamentales de todos los individuos, incluyendo la de la seguridad. Y creemos que sería irresponsable para los Estados Unidos enviar a esos individuos a Nicaragua para enfrentar la violencia, el caos y la represión", agregaron.

Entre los congresistas firmantes además de Díaz-Belart está también la republicana Ileana Ros-Lehtinen, una de las principales voces críticas del régimen de Daniel Ortega dentro del Congreso estadounidense y gracias a cuyas solicitudes se han sancionado a funcionarios del entorno del gobernante sandinista, bajo acusaciones de corrupción y violación a los derechos humanos. También apoyan la petición los demócratas Norma J. Torres y Adam Chiff.