Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
Fitch Ratings elevó la calificación de incumplimiento de emisor (IDR) en moneda extranjera a largo plazo de Costa Rica a 'BB' desde 'BB-' con una perspectiva estable impulsada por el compromiso continuo con la regla fiscal, así como un crecimiento económico sólido y una mejor posición de liquidez externa.
"La estricta postura fiscal ha respaldado una disminución continua en la trayectoria de la deuda del gobierno y ha contribuido a una mejora en los costos de endeudamiento. El crecimiento económico ha sido sólido y superó nuestras proyecciones anteriores", señala la agencia.
La calificación de Costa Rica está respaldada por fortalezas estructurales en relación con la categoría 'BB', incluidos sólidos indicadores de gobernanza y un alto ingreso per cápita en comparación con sus pares. Esto se ve contrarrestado por pagos de intereses aún elevados que son una fuente de rigidez fiscal y un historial de estancamiento político que obstaculiza las reformas y la flexibilidad financiera.
Los objetivos fiscales establecidos en virtud de una ley que autoriza la emisión de eurobonos aprobada en 2022 y un programa del FMI han sido fundamentales para la mejora continua del perfil crediticio de Costa Rica.
La deuda del gobierno central cayó al 61,4 % del PIB estimado por Fitch en 2023, desde el 63 % en 2022, como resultado del fuerte crecimiento del PIB real y se espera que la deuda continúe disminuyendo hasta el 61 % en 2024.
No obstante, Fitch resalta en su informe que la fragmentación sigue siendo una característica de la política costarricense, con el Congreso dividido entre seis partidos políticos.
"El partido PSD de la administración Chaves es relativamente débil y ha tenido poco éxito en la formación de alianzas, y su agenda puede resultar difícil de avanzar antes de las elecciones de febrero de 2026", indica.
Además, la delincuencia y la inseguridad también han surgido como cuestiones clave, ya que las tasas de homicidio aumentaron a niveles récord en 2023.
Fitch prevé que el superávit primario aumentará hasta el 1,85 % del PIB en 2024 (un déficit global del 2,7 %), en línea con el presupuesto y el límite fijado en la ley de autorización de eurobonos.
El gobierno regresó a los mercados de capital internacionales en 2023 por primera vez desde 2019, emitiendo US$3.000 millones según lo autorizado en el plan de endeudamiento plurianual (2023-2025). Las necesidades de financiamiento en 2024 (5,1 % del PIB en vencimientos de deuda y 2,7 % de déficit del gobierno central) deberían estar bien cubiertas mediante emisión de bonos externos (US$1.000 millones), fuentes multilaterales y refinanciación y algo de financiamiento adicional en el mercado interno.
