Por Roberto Fonseca L. - Revista Estrategia & Negocios
“En la mayoría de los países de Centroamérica, con excepción de Costa Rica, no se garantizan los derechos de autonomía y bienestar económico de las mujeres”, aseguró en entrevista Epsy Campbell, primera Vicepresidenta de la república de Costa Rica en el periodo 2018-2022.
“Se observa en la cantidad de mujeres que vemos en las caravanas hacia los Estados Unidos, y en las marchas silenciosasq ue van hacia Costa Rica; son mujeres que lo arriesgan todo en aras del bienestar”, agregó.
Campbell, primera mujer afrodescendiente en ocupar ese alto cargo en el continente americano, valoró que la pandemia del COVID-19 afectó claramente a las mujeres de la región y reforzó la inequidad existente de los cuidados.
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“Hay diferencias de hasta 30 puntos con respecto a los hombres en cuidados, en trabajos no remunerados”, agregó, “en tiempos de crisis son las primeras expulsadas de los mercados formales e informales y se les refuerza la carga de los cuidados dentro de las casas con nulas herramientas”.
Por tanto, valoró que las mujeres han resultado afectadas profundamente con la pandemia, en su salud mental, y se observa en mujeres con profundos síntomas de depresión, estrés acelerado, que atenta contra su salud física y emocional.
Agregó que además en la mayoría de los países de Centroamérica no se respetan los más elementales derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ni los derechos a la salud, para tomar decisiones elementales sobre su vida, sobre sus cuerpos.
“El empoderamiento está vinculado al derecho a la vida, sin embargo, las legislaciones atentan contra las mujeres”, dijo la exvicepresidenta de CostaRica, “sus vidas corren peligro frente a un embarazo que no tiene viabilidad, pero ellas están condenadas a la muerte por una condición que no pueden controlar”.
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En El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, prevalece en los códigos penales la prohibición sin excepciones de la interrupción involuntaria del embarazo, con fuertes sanciones penales que incluyen prisión.
Mientras que en Guatemala y CostaRica, se puede interrumpir cuando la vida o la salud de la embarazada corra peligro.
