POR AFP
La compañía canadiense First Quantum Minerals abrió un plan de "retiro voluntario" para los trabajadores de su mina de cobre en el Caribe panameño, después de que el contrato de concesión fuera declarado "inconstitucional", informó el lunes la empresa.
La aprobación del contrato minero por parte del Congreso el 20 de octubre desató protestas que semiparalizaron a Panamá durante más de un mes. Las movilizaciones terminaron el martes pasado tras el fallo de la Corte Suprema que lo declaró "inconstitucional".
La minera "ha firmado un acuerdo con el sindicato mayoritario, UTRAMIPA, para abrir un programa especial de retiro voluntario para aquellos colaboradores que deseen solicitarlo. Este mutuo acuerdo incluye el pago del dinero que legalmente se les adeuda", dijo First Quantum en un comunicado.
"El programa voluntario no se ofrecerá a todos los colaboradores", aclaró la minera, pues "algunos de los puestos de trabajo aún serán necesarios para la fase de cuido y conservación (no operacional) de la mina".
La compañía pidió el jueves al ministerio del Trabajo panameño suspender los contratos de sus 7.000 empleados para dejar de pagar salarios, luego de suspender las operaciones de la mina, pero no ha recibido respuesta.
Además, First Quantum inició un proceso arbitral internacional para "proteger sus derechos", en virtud del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá. Si el país centroamericano pierde el arbitraje, se arriesga a tener que pagar indemnizaciones multimillonarias.
La mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica producía desde 2019 unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre anuales, que representaban el 75% de las exportaciones panameñas y el 5% del PIB del país. Además de sus 7.000 trabajadores directos, tenía 33.000 indirectos.
Sin embargo, los ambientalistas, que convocaron a protestar y presentaron recursos de "inconstitucionalidad", afirmaban que dañaba severamente el medioambiente y que "Panamá vale más sin minería".
La empresa reiteró este lunes su llamado a "abrir un diálogo" con el gobierno sobre el futuro de sus trabajadores y definir una "hoja de ruta" para el cierre de la mina.
"Hasta que no exista una hoja de ruta claramente establecida por el Gobierno, no se podrá determinar cuántos colaboradores podrán continuar finalmente laborando en la empresa en tareas de cuido y conservación (no operacional), factor clave para evitar desastres medioambientales futuros", expresó.
