Por AFP
La compañía canadiense First Quantum Minerals pidió al ministerio del Trabajo de Panamá suspender los contratos de unos 7.000 empleados de la mayor mina de cobre de Centroamérica para dejar de pagar los salarios, dos días después de que su concesión fuera declarada "inconstitucional" por la Corte Suprema.
"La empresa tuvo que solicitar formalmente al Ministerio del Trabajo la suspensión de los efectos contractuales de aproximadamente 7.000 empleados", dijo la compañía en una nota enviada a los medios.
La aprobación del contrato minero por parte del Congreso el 20 de octubre desató protestas que semiparalizaron al país durante más de un mes, que terminaron tras el fallo de la Corte.
Tras el fallo dictado el martes terminaron las protestas y el presidente panameño, Laurentino Cortizo, prometió un proceso de cierre "ordenado y seguro" de la mina a cielo abierto situada en el Caribe, que además tiene unos 33.000 trabajadores indirectos.
La mina produce desde 2019 unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre anuales, que representan el 75 % de las exportaciones panameñas y el 5 % del PIB panameño, pero los ambientalistas, que convocaron a protestar y presentaron recursos de "inconstitucionalidad", afirman que daña severamente el medioambiente y que "Panamá vale más sin minería".
First Quantum justificó su pedido afirmando que debido a "bloqueos ilegales" en días pasados en los caminos de acceso y en el puerto que sirve a la mina, "la empresa se vio obligada a suspender temporalmente la producción".
"Esta situación también ha afectado nuestra capacidad para mantener las actividades laborales", expresó.
Sin embargo, el sindicato de trabajadores de la mina pidió al ministerio que rechace el pedido de la empresa.
"El Ministerio del Trabajo debe cumplir con el procedimiento y resolver en Derecho rechazando de plano la petición", dijo el sindicato en un comunicado. "Una suspensión no termina los contratos, pero la empresa dejaría de pagar salarios", agregó.
Pago congelado
El contrato de concesión, suscrito en agosto entre el gobierno panameño y la empresa canadiense, permitía operar 40 años la mina. Tras el fallo, fueron levantados los bloqueos de ruta que habían semiparalizado al país y causado pérdidas por unos 1.700 millones de dólares, según gremios empresariales.
La protesta estalló después de que el Congreso aprobó el nuevo contrato de concesión, que fue rubricado después de que en 2017 la Corte Suprema declarara inconstitucional el acuerdo original de 1997.
Tratando de minimizar el descontento, el Congreso aprobó el 3 de noviembre una suspensión indefinida de la minería metálica, pero dejó en manos de la Corte Suprema el futuro del contrato con First Minerals.
La empresa, que ha invertido en Panamá más de US$10.000 millones, notificó al gobierno dos días antes del fallo de la Corte su "intención" de "presentar demandas arbitrales", al amparo del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá de 2013.
Algunos expertos creen que para el gobierno es más fácil defender su postura tras el fallo, ya que podrá alegar que la sentencia le llevó a romper el contrato. Si Panamá pierde un eventual arbitraje, se arriesga a tener que pagar indemnizaciones multimillonarias.
El 16 de noviembre la compañía pagó US$567 millones en regalías e impuestos al Estado panameño, pero quedaron congelados y las autoridades no han explicado qué destino tendrán esos fondos tras el fallo de la Corte.
