Por estrategiaynegocios.net
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala reafirmó que la segunda vuelta presidencial se llevará a cabo el 20 de agosto próximo con los dos candidatos que ganaron los comicios del 25 de junio pasado, la exprimera dama Sandra Torres Casanova con la agrupación conservadora Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y el académico Bernardo Arévalo de León con el partido socialdemócrata Movimiento Semilla.
Esto ocurre a pesar de la solicitud del Ministerio Público para la eliminación de este último por un supuesto caso de corrupción.
Semilla presentó ante la Corte de Constitucionalidad un recurso de amparo contra la decisión del juez Fredy Orellana. El partido considera que el magistrado infringió la ley guatelmalteca, que establece que “no podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que ésta se haya celebrado”.
Ante esto, la Corte otorgó un amparo provisional a favor de Movimiento Semilla, por lo que el TSE no tendría ningún impedimento para continuar con el proceso electoral. Incluso en un comunicado indica “NO AFECTA NI DEJA EN SUSPENSO el acuerdo 1328-2023 del Tribunal Supremo Electoral, a efecto que la segunda vuelta electoral se lleve a cabo en la fecha indicada y con la participación de los candidatos oficializados en el Acuerdo en mención”.
En un comunicado publicado, el tribunal electoral reiteró que en cuanto a la formación, funcionamiento y existencia de los partidos políticos legalmente constituidos y reconocidos, la única norma aplicable al respecto es la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que define el procedimiento para la exclusión o suspensión de un Partido.
”Ante cualquier intento de interferir el proceso electoral mediante la judicialización o cualquier otra vía, el TSE se asistirá de la vigencia plena del sistema de gobierno democrático reconocido en la Constitución Política de la República de Guatemala”, señala el comunicado
“Con convicción democrática y como órgano independiente, el TSE reafirma su compromiso inquebrantable de garantizar y defender el voto como un derecho y un deber cívico, inherente a la ciudadanía”, resaltó la entidad.
