Guatemala: Intervención judicial en las presidenciales genera descontento

POR AFP / estrategiaynegocios.net

El descontento aumentaba entre los guatemaltecos este jueves 12 de julio por la intervención de la justicia contra uno de los dos candidatos del balotaje presidencial, el socialdemócrata Bernardo Arévalo.

Un juzgado inhabilitó el miércoles el partido de Arévalo, Semilla, lo que le en la práctica impedía al candidato que dispute el balotaje ante la exprimera dama Sandra Torres. Pero poco después ambos fueron oficializados para la segunda vuelta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), generando más incertidumbre.

Tras el anuncio de la inhabilitación de Semilla, seguidores de Arévalo se manifestaron frente a la sede del TSE en la capital el miércoles en la noche.

“Estamos en pie de lucha para defender el sistema democrático guatemalteco. Por primera vez está bajo una amenaza increíble y fuerzas muy grandes se están moviendo para destruirlo, pero estamos aquí para defenderlo”, dijo a la AFP el manifestante Víctor Castro.

La Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-Gt) informó que reconoce la decisión del pleno de magistradas y magistrados del TSE de oficializar los resultados electorales, con lo cual se reafirma el respeto a la voluntad popular expresada en las elecciones generales del pasado 25 de junio.

Agregó: “Como Misión de Observación Electoral de Guatemala condenamos toda interferencia en la competencia electoral y la independencia de la autoridad electoral. La Ley Electoral y de Partidos Políticos, de rango constitucional, es clara. En su artículo 92 establece que bajo ninguna circunstancia se puede suspender a un partido político después de la convocatoria a una elección y hasta que esta se haya celebrado. Por ello, respaldamos la defensa del TSE al proceso electoral y al Estado de derecho”.

- Recurso de amparo -

Semilla presentó ante la Corte de Constitucionalidad un recurso de amparo contra la decisión del juez Fredy Orellana. El partido considera que el magistrado infringió la ley guatelmalteca, que establece que “no podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que ésta se haya celebrado”.

“Lo que están intentando hacer es inventarse un caso, como bien lo denunciamos en su momento, para intentar traerse abajo el partido o la candidatura de Bernardo Arévalo”, dijo a la AFP el diputado de Semilla Samuel Pérez.

El recurso de amparo, agregó Pérez, busca “cuidar que el Tribunal Supremo Electoral no se vea obligado a acatar órdenes ilegales” del juez Orellana.

Expertos, activistas y el propio Arévalo venían advirtiendo desde antes de los comicios que el sistema democrático navegaba por aguas turbulentas en Guatemala, por el control político sobre el poder judicial, procesos a periodistas, exclusión de candidatos presidenciales y persecución a fiscales que combatieron la corrupción.

El Movimiento Pro Justicia de Guatemala asegura que “el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana han coordinado una resolución ilegal, inconstitucional y antidemocrática que busca anular los resultados de la primera vuelta de las elecciones generales”.

Ambos funcionarios ”han llegadon al extremo de pretender un cambio de candidatos presidenciales y resultados, mediante una acción judicial que altera el orden constitucional”, agregaron en un escrito.

-Reacciones diplomáticas y de gremiales-

Estados Unidos calificó la resolución judicial como “nuevas amenazas a la democracia” por parte de la Fiscalía guatemalteca.

“Estamos profundamente preocupados por las nuevas amenazas del @MPguatemala (Ministerio Público) a la democracia electoral de Guatemala. Las instituciones deben respetar la voluntad de los votantes”, tuiteó el jefe de la diplomacia de Estados Unidos para América Latina, Brian Nichols.

Mientras que el bloque europeo exhortó en un comunicado al “cese de la judicialización de las elecciones con maniobras que tienen un dudoso encaje legal en el ordenamiento jurídico guatemalteco y a que los poderes públicos garanticen el libre ejercicio del voto, sin cortapisas de ningún tipo”.

“Advierte de que la iniciativa del Juzgado Séptimo de Instancia Penal, promovida por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), de suspender provisionalmente la personalidad jurídica del Movimiento Semilla en pleno proceso electoral, amenaza a uno de los cimientos básicos de la democracia: el respeto de la voluntad popular expresada en las urnas”, se lee en parte del comunicado.

Mientras que el representante de la organización Human Rights Watch, Juan Pappier, señaló que criminalizar partidos políticos en Guatemala en este momento sería percibido por la comunidad internacional “como un ataque contra la democracia”.

Asimismo, el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) en un comunicado dijo que “Es imperativo respetar la decisión de la máxima entidad electoral y la voluntad de los guatemaltecos expresada en las urnas” el 25 de junio, en la primera vuelta presidencial.

Las declaraciones del CACIF fueron emitidas mediante un comunicado de prensa en donde aseguraron que el Artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, “establece claramente” que “No podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que esta se haya celebrado”, dice el documento.

Por su parte, la Cámara del Agro, indicó que el TSE ya convocó para la segunda vuelta conforme al calendario establecido. “Es imperativo respetar y proteger el sistema de elecciones libres y democráticas en el país, haciendo valer el voto emitido por los ciudadanos”, detallaba por medio de un comunicado.

A este llamado se sumó la Cámara Guatemalteca de la Construcción y agregan que “es imprescindible que no sea perturbado el resultado electoral con actos o resoluciones que no están apegadas a derecho”.

La Camára de Comercio también emitió un comunicado en donde exigen certeza jurídica electoral.

Igualmente, Fundesa indicó que se debe respetar el debido proceso y el estado de derecho, por lo que pidió a “todas” las autoridades que “no se dejen llevar por presiones políticas o de ninguna índole que conlleve a que se debilite el estado de derecho en nuestro país”.

Guatemala es uno de los países más desiguales de América Latina, según el Banco Mundial, con 10,3 millones de sus 17,6 millones de habitantes bajo la línea de pobreza y uno de cada dos niños con desnutrición crónica, según la ONU.

La pobreza, la violencia criminal y la corrupción inducen a miles de guatemaltecos a emigrar hacia Estados Unidos cada año.