Por Salvador Paiz - columnista Revista E&N
Los guatemaltecos parecemos sufrir de amnesia colectiva. Se nos olvida lo escurridizos que han llegado a ser ciertos personajes. Se nos olvida que han demostrado su capacidad de corrupción y, a pesar de sus discursos populistas, han evidenciado su desinterés por el bien común de los guatemaltecos. Se nos olvida también que existen amplios precedentes para vedar la participación en los comicios a quienes se les reconoce por su deshonestidad.
Como país, tenemos problemas que limitan nuestro desarrollo, nuestra capacidad de atracción de inversión y nuestra capacidad de generar prosperidad y empleo para todos los guatemaltecos. Entre ellos: la corrupción y el tóxico vicio de buscar un retorno sobre la inversión en la participación política; el grado de cooptación de nuestra política por el crimen organizado; y la impunidad que garantiza la ausencia de consecuencias por violar nuestras leyes. Para empezar a resolver estos sentidos problemas, debemos hacer valer las leyes de nuestro país y procurar una especie de “depuración política”, en la cual se limite taxativamente la participación de quienes no ostentan el criterio legal mínimo de honradez.
En su artículo 113, la Constitución Política de la República establece que «los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez». Más claro, ni el agua. Si una persona desea optar a un cargo público, pero ha demostrado ser deshonesta, independientemente de su experiencia y carrera política y profesional, no puede participar.
Recae en el Registro de Ciudadanos (RC) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el cumplir con este precepto legal de la Constitución Política de nuestra república. Existen amplios precedentes y jurisprudencia dictada desde la Corte de Constitucionalidad (CC) para respaldar dicha acción. Por ejemplo, el caso del expresidente Alfonso Portillo. A Portillo se le vedó su participación en el 2015 y 2019, por incumplir el precepto de honradez, al haber servido condena en Estados Unidos por conspirar para cometer lavado de dinero. Se suman al cúmulo de precedentes: Emilenne Mazariegos, Gudy Rivera, Mirza Arreaga, Baudilio Hichos, por mencionar algunos. El TSE consideró que no llenaban los requisitos de honradez y que no podrían asumir cargos públicos.
Guatemaltecos, que no se nos olviden las cosas. No olvidemos aquellos nombres y apellidos que no merecen estar en la papeleta. Nuestro proceso electoral debe desarrollarse dentro el marco legal que establece nuestra Constitución y la Ley electoral y de partidos políticos. Los órganos electorales que velan por estos procesos deben estar un paso adelante y cuidar que cada uno de los posibles candidatos reúnan los requisitos de ley, especialmente las cualidades de honradez e idoneidad.
¿Como trazar esa línea para no recaer en la judicialización de la política? ¿Hay criterios objetivos que se puedan trazar para evaluar la honestidad? ¿O un proceso para defenderse de una aplicación arbitraria del criterio? Al menos yo considero que, si alguien es narcotraficante confeso (como cierto candidato a alcalde) o alguien admite bajo declaración jurada haber participado en actos de corrupción (como otro personaje famoso), es más que suficiente para determinar que estas personas no ostentan la cualidad mínima de honradez que nuestra ley exige para ser electos. Participar en actividades ilegítimas es, a todas luces, suficiente criterio para cuestionar su honradez y prohibir su participación en el proceso electoral.
Somos alrededor de 10 millones de ciudadanos guatemaltecos mayores de 18 años. Entre nosotros existen personas con capacidad y vocación de servicio. Nos merecemos que los partidos políticos promuevan las mejores opciones y no las peores. Si el candidato carece de honradez, sería mejor que nos ahorren el desgaste de intentar inscribirlo, el desgaste de una contienda política desleal, y el eventual (y mayor), desgaste que implica perpetuar la corrupción al resultar electo a alguno de los más de 500 cargos de elección popular.
Si bien todos tenemos el derecho a elegir y ser electos, nuestra ley es clara. Nuestra constitución y la jurisprudencia de la CC dictan que los candidatos por elección popular deben ser honestos para ser electos. Es más, la existencia del artículo 113 es justamente para protegernos de candidatos que sean reconocidos criminales. ¿Por qué lo estamos ignorando? Guatemala necesita a las mejores personas al frente. Por favor, no permitamos que se ensucien nuestras papeletas electorales con personas que ya están manchadas.
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