Por estrategiaynegocios.net
El Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de Costa Rica condenó a una empresa ligada al expresidente peruano, Alejandro Toledo, a la pérdida de US$6,6 millones, que ahora serán trasladados al Estado costarricense.
La determinación fue dada a conocer la mañana de este lunes en un comunicado del Ministerio Público, circulado dos meses después de la resolución.
El proceso de legitimación de capitales en cuestión inició en 2020, después de 7 años de investigación, derivados del ingreso al sistema financiero nacional de alrededor de US$20 millones, en apariencia entregados al exgobernante como una coima por parte de la constructora brasileña Odebrecht, en el marco de un escándalo de corrupción que salpicó a varias naciones de la región.
La hipótesis de la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial es que empleados del banco Scotiabank -presuntamente- ofrecieron facilidades en la tramitología para que el dinero ingresara y se diversificara en el país, a través de la sociedad Ecostate Consulting Group S.A.
Dicha compañía era representada por Sabih Saylan, quien es conocido en Perú como la mano derecha del empresario Josef Maiman, identificado por el exgerente de Odebrecht, Jorge Barata, como receptor de los sobornos de Toledo.
Se cree que la suegra del exmandatario, Eva Fernenbug, también participó en la creación de la sociedad off shore. Desde allí, Toledo compró inmuebles y pagó hipotecas.
En 2013, el Ministerio Público abrió una pesquisa por presunta legitimación de capitales contra Toledo, Fernenbug y el exjefe de seguridad del gobierno peruano, Avrahan Dan On, quien se sospecha asistió al expresidente para conformar la empresa y sus cuentas bancarias en Costa Rica, ante los abogados y el Scotiabank. La investigación penal se mantiene en curso. Los tres imputados son además procesados en Perú.
Sin embargo, el proceso por capitales emergentes se tramitó de forma paralela. Valga recordar que esta figura está incluida en la Ley contra la Delincuencia Organizada y tiene como objetivo perseguir aquellos bienes y valores sobre los cuales se tienen sospechas razonables de que provienen o fueron adquiridos con recursos provenientes de actividades delictivas o ilícitas. El requisito para su aplicación es que los bienes o valores tengan la apariencia de carecer de causa lícita.
Este tipo de procedimiento no busca juzgar a personas ni lograr condenas, como en la vía penal, sino impactar en los patrimonios que parecen haber sido obtenidos ilegalmente y cuyo titular no puede justificar su procedencia lícita.
Las demandas de este tipo deben presentarse ante el Juzgado Contencioso Administrativo, junto con las pruebas que las fundamentan. Por otra parte, la persona física o jurídica que ostenta los bienes cuestionados tendrá la oportunidad de justificar ante dicha instancia el origen de estos.
Si no se demuestra la licitud del patrimonio, la instancia jurisdiccional deberá declarar la pérdida de este en favor del Estado, con lo que los bienes o valores se entregarán al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) para que sean utilizados, según lo dispone la ley.
Registros del Ministerio Público apuntan que, en 2022, se presentaron 45 demandas de este tipo, mientras que en lo que va del 2023, son 31 los procesos de capitales emergentes iniciados.
Con información de CRHoy
