Por estrategiaynegocios.net
La Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público (MP) de Guatemala presentó que se le retire la inmunidad a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Irma Elizabeth Palencia Orellana (presidenta) y Mynor Custodio Franco Flores, así como del magistrado suplente, Álvaro Ricardo Cordón Paredes.
El MP los señala de la posible comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, y resoluciones violatorias a la Constitución Política de la República de Guatemala.
La solicitud de desaforar a estos magistrados del TSE es por declarar procedente la inscripción de Manuel Antonio Baldizón Méndez -que finalmente quedó fuera de la contienda electoral -.
Según el MP, los magistrados del TSE tenían pleno conocimiento que Baldizón no cumplía con los requisitos del artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala que define los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez, así como los artículos 162 y 164 que establecen las prohibiciones y compatibilidades.
La información establecía también que Baldizón se encuentra sindicado por la Feci en el caso Odebrecht, en donde está ligado a proceso penal por los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y lavado de dinero u otros activos.
Además, en el caso Transurbano enfrenta juicio por financiamiento electoral ilícito.
Hace referencia a que Baldizón fue condenado en Estados Unidos por el delito de lavado de dinero, aceptó los cargos que le fueron imputados y por esa razón, la Fiscalía de Delitos Administrativos ha presentado la solicitud del levantamiento de la inmunidad para poder iniciar las investigaciones y establecer si existe la comisión de hechos constitutivos de delito.
Preocupación de la OEA
Por otra parte, la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó su preocupación por las nuevas acciones anunciadas por el Ministerio Público (MP), al solicitar información al TSE sobre los voluntarios que intervinieron en el proceso electoral, incluyendo a unos 125 mil guatemaltecos que integraron las mesas receptoras de votos.
La OEA también expuso que el MP solicitó al TSE los datos sobre los “miembros de las juntas receptoras de votos, miembros del cuerpo de revisores, de los coordinadores de digitadores y de los centros de votación” de las elecciones del 25 de junio y del 20 de agosto.
El alto organismo que mantiene desplegada una Misión de Observación dando seguimiento al proceso electoral, señaló en su condena que la “extrema judicialización del proceso electoral” pone en riesgo a la democracia en el país.
“Las acciones de todas las autoridades judiciales deben efectuarse sin abuso de autoridad”, subrayó la MOE/OEA en un comunicado.
Las denuncias de la Misión llegan después de que el MP solicitara el retiro de la inmunidad para el Registrador de Ciudadanos del TSE, Ramiro Muñoz, acusándolo por los presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
Con información de Prensa Libre
