Por Salvador Paiz- columnista Revista E&N
A tan poco tiempo de este día histórico para el futuro de Guatemala, el panorama aún es incierto. La contienda electoral del 2023 se ha caracterizado por la intromisión de una etapa de “eliminatorias” por la vía de la judicialización del proceso.
Contrasta con el “deber ser” del proceso electoral, donde un Tribunal Supremo Electoral (TSE), como máxima autoridad en materia electoral, se apalanca de su rigor técnico y parámetros objetivos para inscribir solamente a candidatos idóneos. Tales candidatos y los vehículos políticos que los transportan deben cumplir, tanto en forma como en fondo, todos los procesos y normativas aplicables para ser inscritos. Ante ello, si algún tercero estuviese en desacuerdo, tiene derecho de plantear los respectivos recursos legales dentro de los plazos delimitados para el efecto.
Finalmente, las altas cortes y el TSE deben de atender dichos recursos acotados por sus plazos perentorios.
Sin embargo, en la actual contienda electoral, los guatemaltecos estamos atestiguando un proceso de “eliminatorias”, que no necesariamente están previstas en nuestro proceso electoral. El hecho que se entrometan las altas cortes e instituciones de justicia en la carrera democrática reconfigura el tablero a medio juego. En todo caso debemos cuestionarnos por qué el TSE procedió a inscribir ciertos vehículos y candidaturas cuando, a todas luces, existían vicios, cuestionamientos e incumplimientos en dichas solicitudes de inscripción.
Ciertamente han sucedido algunos hechos que riñen con la ley, los cuales ameritan la cancelación de partidos políticos o la eliminación de candidatos. Sin embargo, existen otros casos en el que los motivos parecen ser arbitrarios o cuestionables. En el caso de Prosperidad Ciudadana, la Corte de Constitucionalidad encontró vicios en las Asambleas celebradas en noviembre del año pasado, previos al banderazo de salida. Con ello se canceló la participación de su presidenciable, Carlos Pineda, y otros mil ciudadanos postulados por ese partido. Me pregunto entonces, ¿por qué se les permitió la inscripción teniendo tan claros dichos vicios? ¿Se deben aducir responsabilidades para quienes coadyuvaron para retorcer aquel proceso de inscripción?
En el caso de la agrupación política, VOS, los argumentos son muy similares a los que se usaron para fundamentar las acciones contra Prosperidad Ciudadana. ¿Serán solamente VOS y Prosperidad Ciudadana los partidos que presentan vicios en sus Asambleas? ¿A qué se debe la falta de homologación de criterios que se aplican para incluir a ciertos candidatos y excluir a otros?
Lamentablemente en 2019, se sentó un fuerte precedente de eliminación de candidaturas con fines políticos propios. Pareciera que hoy se construye sobre ese nefasto pero efectivo proceso de eliminatorias. Aún restan 97 procesos legales abiertos en contra de diversos candidatos, incluyendo uno contra el presidenciable Edmond Mulet. La realidad es que los criterios no se han aplicado a todos los candidatos de la misma manera ni se percibe la misma celeridad de persecución. Ojalá nuestras instituciones y altas cortes se rijan por el debido proceso y que actúen en resguardo del proceso electoral. A escasos 24 días, me parece que no sería aconsejable el continuar con procesos jurídicos “eliminatorios”, pues ello solo seguirá mermando la certeza de nuestro proceso electoral.
El llamado es a que los candidatos concursen por los méritos de sus propuestas y de sus candidaturas, y no recurrir a muletas artificiales. Además, no se puede privar a ningún candidato de su participación, a menos que se presenten pruebas fehacientes de incumplimiento de requisitos, comisión de delito electoral o falta total de idoneidad.
Justo esta semana fueron aprobados los artes finales de las papeletas, para que pueda iniciar su impresión. ¿Qué pasará si alguno de esos 97 procesos abiertos cancela a algún candidato (presidencial, municipal, etc.) o inclusive a algún partido? A estas alturas, debemos pasar ya de la fase de eliminatorias a la fase de elecciones. A 24 días de las elecciones, no deberían admitirse eliminaciones adicionales en nuestro ordenamiento jurídico-electoral. Eso no resta que se deban de continuar las investigaciones una vez se concluya el concurso político.
Pero eso no es todo lo que preocupa. Según el último informe de la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE), el 90 por ciento de los miembros de las Juntas Electorales Departamentales (JED) y las Juntas Electorales Municipales (JEM) no tienen experiencia en el manejo de elecciones.
A ello se le suma una mala percepción del TSE. Según la observación en redes sociales llevada a cabo por la MOE, la otrora buena reputación del TSE ahora acumula 45 puntos porcentuales en contra. Ello, seguramente, derivado de los tropiezos iniciales en materia de ciertas adquisiciones. Adicional a ello, la MOE ha subrayado la falta de interés ciudadano en el proceso electoral. A pesar de los llamados a participar desde el TSE, no se logra alcanzar la meta de voluntarios para apoyar el proceso electoral.
Todo eso se combina para alimentar esa sensación de vulnerabilidad del proceso electoral. Mucho de lo que estamos ahora viendo fue advertido en su momento y es consecuencia directa de la pésima reforma electoral del 2016. Si algo podemos sacar de esta experiencia es que, inmediatamente posterior al evento electoral, debemos retomar la discusión sobre el marco normativo que rige nuestras elecciones.
No podemos perder la esperanza ni abdicar nuestro importante papel. El rol de los ciudadanos, en cualquier democracia, es defender la integridad del proceso electoral. Debemos velar porque las instituciones se apeguen a las leyes y normas establecidas. Debemos también tener un rol activo en el proceso, ya sea participar como observadores, voluntarios, fiscales de mesa, o bien como ciudadanos ejerciendo el importante acto del voto. Nuestro sufragio es importante y determinará el futuro de nuestra nación. Vivamos esta jornada cívica como se debe y velemos por su resguardo. Tan solo es nuestra democracia la que está en juego.
