Por revistaeyn.com
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala emitió un comunicado en el que pide que se garantice la transición de todos los funcionarios electos el próximo 14 de enero, tal y como estaba estipulado. Esto tras resolver de forma definitiva un amparo que fue solicitado por un grupo de abogados y ciudadanos.
La Corte indicó que “conforme su fin último de preservar el Estado de Derecho”, se otorgó el amparo en definitiva.
'Aplaudo la actuación de la Corte de Constitucionalidad en defensa de la Constitución y de nuestra Democracia. Al final se indica lo que muchos hemos venido afirmando: Los resultados ya certificados por el TSE son inalterables y se deben de respetar', así reaccionó Salvador Paiz, empresario y columnista de opinión. Como él, otros más están complacidos con esta comunicación y lo hacen saber por medio de las redes sociales.
La resolución llega luego que se presentara un amparo, el pasado 6 de octubre, ante la Corte de Constitucionalidad, donde se solicitaba frenar las actitudes ilegales referentes a la cancelación del partido Movimiento Semilla, al secuestro de material electoral y al intento ilegal de eliminar las elecciones mediante mecanismos ilegales.
El constitucionalista Édgar Ortiz encabezó al grupo de ciudadanos que accionó ante la máxima corte constitucional, según explicó, porque hasta ahora no había sido contundente con las acciones que se llevaban a cabo y que mantenían cierta incertidumbre sobre la transmisión de mando presidencial, el próximo 14 de enero.
El ponente del tema en la plenaria de este jueves fue el magistrado Roberto Molina Barreto y el fallo fue por mayoría. El magistrado Néster Vásquez razonó su voto y la magistrada Dina Ochoa no integró el pleno, tomando su lugar uno de los magistrados suplentes.
El amparo también dicta que se deben realizar todos los procesos para garantizar “imperativamente la renovación de los integrantes del poder Legislativo, poder Ejecutivo y las municipalidades en la fecha prevista en la Constitución Política de la República”.
Igualmente, insta al presidente de la República, Alejandro Giammattei, a “promover la unidad nacional y la culminación de la transición en proceso”.
INVESTIGACIONES PUEDEN SEGUIR
El fallo también previene “a toda autoridad que actúe en cumplimiento de la última etapa del proceso electoral".
Sin embargo, dice que puede seguir investigación penal y sus consecuencias.
“Lo decidido es sin perjuicio de las facultades de investigación , persecución y acusaciones que corresponden al Ministerio Público y los jueces del orden penal, así como, de las facultades del Tribunal Supremo Electoral sobre evidencias serias que presenten incidencia en el ámbito de las organizaciones electorales”.
La situación política de Guatemala ha sido analizada tanto por la Organización de los Estados Americanos (OEA) como por el Parlamento Europeo y otras instancias internacionales.
El pasado martes 12 de diciembre, el Consejo Permanente de la OEA acordó que el presidente de esa instancia, Ronald Sanders, embajador de Antigua y Barbuda, y el secretario general de dicho organismo, Luis Almagro, deben dar seguimiento a la crisis, y visitar el país, bajo la aplicación del artículo 18 de la Carta Democrática Interamericana.
En tanto, el Parlamento Europeo pidió sancionar a la Fiscal General, María Consuelo Porras; Ángel Pineda, secretario general del órgano encargado de la persecución penal; jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; Leonor Morales Lazo, fiscal de dicha unidad; y el juez Fredy Orellana, por las acciones antidemocráticas en las cuales han incurrido.
Estados Unidos también ha hecho lo suyo y ha cancelado visas a varios actores de estos hechos.
