Por Leonel Ibarra - estrategiaynegocios.net
El Gobierno de Estados Unidos está imponiendo restricciones de visa a más de una docena de personas y a sus familiares directos, por socavar la democracia y el estado de derecho en Guatemala, según la Sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
Estas personas incluyen funcionarios del Ministerio Público y otros actores de los sectores público y privado que participan en socavar la democracia o el estado de derecho en Guatemala.
"El pueblo guatemalteco ha hablado. Sus voces deben ser respetadas", dijo el Departamento de Estado de EEUU en un comunicado.
Este país vetó el acceso a visa a dos exministros y un viceministro del presidente de Guatemala, el derechista Alejandro Giammattei, al acusarlos de "corrupción significativa", informó este martes el Departamento de Estado.
Se trata del exministro del Interior Gendri Rocael Reyes Mazariegos, el extitular de Energía y Minas Alberto Pimentel Mata y el viceministro de Desarrollo Sostenible Oscar Rafael Pérez Ramírez, se indicó en un comunicado.
Washington asegura que Reyes, Pimentel y Pérez están implicados en "corrupción significativa" y "aceptaron sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas durante sus mandatos".
Los sancionados no podrán optar a una visa para entrar a Estados Unidos, pero tampoco podrán hacerlo algunos de sus familiares, como hijos y esposas.
En ocasiones anteriores, en las actualizaciones de estas restricciones, Estados Unidos ha sancionado a la actual fiscal general Consuelo Porras, al encargado de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, y a la fiscal Cinthia Monterroso y el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana.
Los cuatro funcionarios fueron sancionados por EE. UU. al ser incluidos en una lista de “actores corruptos y antidemocráticos”.
LLAMADO A LA TRANSICIÓN PACÍFICA
En la actual comunicación, Estados Unidos ha manifestado que rechaza "los continuos esfuerzos por socavar la transición pacífica del poder" en Guatemala al Presidente electo Bernardo Arévalo.
Más recientemente, el Ministerio Público guatemalteco confiscó materiales electorales bajo la custodia del Tribunal Supremo Electoral (TSE), pidió la destitución forzosa de manifestantes pacíficos, presionó para que se destituyera al Ministro de Gobernación que protegía el derecho a la protesta pacífica y buscó la destitución del Ministro de Gobernación que protegía el derecho a la protesta pacífica levantar la inmunidad de un miembro del Congreso que expresó públicamente su preocupación por estas medidas antidemocráticas.
Estos actos se produjeron tras intentos anteriores de despojar a los funcionarios del TSE de su inmunidad, además de redadas en sus oficinas y en las instalaciones de almacenamiento que albergan los registros de resultados electorales.
"Tal comportamiento antidemocrático socava las instituciones democráticas de Guatemala y es inconsistente con los principios de la Carta Democrática Interamericana", indicó el Departamento de Estado.
Por ello, agregan, se suman a otras instituciones regionales e internacionales, incluidas la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para pedir una transferencia de poder que respete la voluntad popular y se adhiera al estado de derecho en Guatemala.
