Por estrategiaynegocios.net
Guatemala se paralizó este 2 de octubre, luego que ciudadanos se tomaron varias calles para manifestar su desacuerdo ante las más recientes acciones del Ministerio Público (MP) en contra del proceso electoral 2023.
Las manifestaciones, que también se vivieron frente a la sede del MP, exigen las renuncias de la fiscal general, Consuelo Porras; del jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, y del juez Fredy Orellana, derivado de los cateos en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde fue secuestrado material electoral.
Las agrupaciones, en su mayoría indígenas y campesinas, mantuvieron cerrados al menos 17 tramos de importantes carreteras como la Interamericana, así como las que conducen a las fronteras de México, El Salvador y Honduras, según la estatal dirección general de protección y seguridad vial.
En medio de ese caos, los magistrados del TSE y el presidente electo, Bernardo Arévalo, brindaron conferencia de prensa para tratar detalles de estas acciones que ha emprendido el MP.
A los funcionarios les preguntaron si después de las diligencias del MP y las denuncias se teme que esto afecte la transición el 14 de enero de 2024, a lo que Irma Palencia, magistrada presidente del TSE, respondió que “ese temor es algo que de manera desinformada y de manera irresponsable se ha estado diciendo en distintos foros, o escenarios o redes, de que posiblemente por los allanamientos o por denuncias no se llegue a la fecha prevista para que los candidatos electos tomen posesión, sin embargo, recordemos que los resultados de estas elecciones ya fueron oficializados, se certificaron los mismos, se adjudicaron ya los cargos y prueba de ello se dieron las credenciales”.
Igualmente, el presidente electo, Bernardo Arévalo, respondió que desde el punto de vista legal “no existe ninguna posibilidad de que esta transición que comienza con la certificación y oficialización de los datos por parte del Tribunal Supremo Electoral y la entrega a los candidatos de la credencial que los acredita como candidatos electos, termine en la toma de posición de estas personas como autoridad plena el día 14 de enero”.
Las acciones han tenido eco en la comunidad internacional, Estados Unidos advirtió que "seguirá utilizando todas las herramientas disponibles contra quienes actúen para socavar la democracia" en Guatemala.
La Organización de Estados Americanos (OEA), España, la Unión Europea y organizaciones internacionales han expresado su rechazo a la persecución penal por considerar que atenta contra la democracias y la gobernabilidad de esta nación.
-Defensa al trabajo de los ciudadanos voluntarios-
Palencia expresó su preocupación ante las acciones y los posibles actos futuros.
"Con mucha gallardía y compromiso, a pesar de lo que comenzó a ocurrir a partir de la primera vuelta, decidieron continuar en el proceso", dijo Palencia al referirse a las personas que conformaron los cuerpos electorales temporales.
Palencia explicó que el trabajo que realizan los ciudadanos que de forma voluntaria dan vida al proceso electoral, no se reduce al día de las elecciones ni al conteo de votos. La magistrada comentó que esta labor tiene una duración de varios meses, y para el personal permanente del TSE, involucra años para crear y llevar a cabo las elecciones generales.
-Arropar al sistema electoral-
El presidente electo agradeció a los magistrados su trabajo en defensa del proceso y exhortó a la sociedad a que “todos tenemos que arropar a nuestro sistema electoral, a los magistrados, a los trabajadores del TSE, a los miembros de las juntas electorales”.
Igualmente, por medio de un comunicado, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) hizo un llamado a la Corte de Constitucionalidad (CC) para que resuelva los amparos que fueron planteados por el Tribunal, con las cuales buscaba frenar el secuestro de actas electorales 4 y 8 originales. El tribunal constitucional se inhibió de conocer dichas acciones legales el pasado 30 de septiembre.
Según el comunicado de Fundesa, el llamado a la CC es "para que resuelva el recurso planteado por el Tribunal Supremo Electoral sobre la competencia del Ministerio Público en materia electoral".
A este llamado se sumó la Fundación Libertad y Desarrollo, indicando que "la autoridad constitucional no puede rehuir o esquivar su responsabilidad. No puede actuar en contra del Orden que juró defender", se puede leer en su escrito.
Sobre las acciones realizadas por los miembros del Ministerio Público, el magistrado Mynor Custodio señaló que los cateos “fue un asalto... vienen con los rostros cubiertos, con lentes oscuros, en la noche, a las 6 de la mañana, dice uno, esto qué es, es una autoridad o son delincuentes los que están acá"
"Se me viene a la mente los años 80, cuando se hablaba de aquella temible policía judicial que andaba exactamente así, con vehículos sin placas, con las placas cubiertas y que secuestraban y desaparecían a los seres humanos, a los líderes, a periodistas a profesores, universitarios a estudiantes, a la clase dirigente”, expresó.
El secretario del TSE, Mario Alexander Velásquez, indicó que la diligencia del MP era para el registro y secuestro de los documentos 4 y 8 de las elecciones. Se les entregaron a los investigadores los referidos documentos para que hicieran su trabajo, pero final solo se llevaron los documentos de la primera vuelta del 25 de junio.
El viernes y sábado fiscales bajo el mando de Curruchiche y con una orden de Orellana se incautaron las actas electorales.
Con información de AFP, La Hora y Prensa Libre
