Por revistaeyn.com / AFP
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió, este 11 de diciembre, la resolución 03/2023, referente al respeto de los derechos humanos y la “instrumentalización del sistema de justicia en Guatemala”, en torno a la crisis política a causa de las acciones del Ministerio Público (MP) en contra del proceso electoral y las autoridades electas.
La misma surgió “ante la grave crisis política e institucional en ese país derivada de las acciones e injerencias indebidas y arbitrarias por parte del Ministerio Público que atentan contra el resultado de las Elecciones Generales y el proceso de transición de la Presidencia y Vicepresidencia de la República en curso”, señala el documento.
La CIDH alerta a los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la comunidad internacional sobre una “inminente ruptura del orden constitucional debido al abuso de poder y la instrumentalización de la función constitucional de investigación de delitos por parte del Ministerio Público con la finalidad de invalidar la integridad y los resultados del proceso electoral y evitar la toma de posesión de las autoridades electas conforme a la voluntad popular expresada en las elecciones generales”.
REMCOMENDACIONES
Ante esos escenarios, la CIDH formula varias recomendaciones al Estado de Guatemala, entre las cuales insta a todos los poderes públicos a garantizar el respeto al orden constitucional y la preservación del Estado de derecho y llama a garantizar mecanismos para la rendición de cuentas de la fiscal general Consuelo Porras “compatibles con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos y con el principio de autonomía e independencia de dicha institución”.
También recomienda garantizar que los procesos de selección y nombramiento de operadores de justicia se hagan conforme a los estándares interamericanos, “bajo criterios en base al mérito y a las capacidades profesionales, libre de injerencias políticas indebidas”.
Asimismo, la CIDH insta a proteger la vida y la integridad de las autoridades políticas electas, personas defensoras, periodistas y trabajadoras de medios de comunicación, a los pueblos indígenas y a sus autoridades ancestrales.
La resolución llega luego que Estados Unidos ampliara sanciones a unas 300 personas, a quienes ubica como a los protagonistas de diversos intentos de "socavar" la democracia por parte de la Fiscalía.
TSE RECIBE INVESTIGACIÓN POR PARTE DEL MP
La Fiscalía de Guatemala entregó este lunes al Tribunal Supremo Electoral (TSE) un informe de una cuestionada investigación sobre supuestas anomalías por las que considera "nulas" las elecciones ganadas por el opositor Bernardo Arévalo.
El viernes la Fiscalía anunció que había detectado irregularidades en el escrutinio de votos de la primera vuelta electoral de junio, pero la presidenta del TSE, Blanca Alfaro, señaló ese mismo día que los resultados de los comicios "son inalterables" y que Arévalo debe asumir el poder el 14 de enero.
"La Fiscalía Especial contra la Impunidad remitió a la Magistrada Presidente del Tribunal Supremo Electoral, la investigación que en materia penal ha desarrollado la fiscalía, a efecto que luego del análisis, puedan adoptar la decisión que consideren conveniente", señaló la entidad en la red social X (antes Twitter).
Según la Fiscalía, hubo una serie de anomalías en las acta finales de cierre de escrutinio en las elecciones de presidente, vicepresidente, diputados, corporaciones y diputados al Parlamento Centroamericano.
Sin embargo, Estados Unidos, la Secretaría General de la OEA y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos criticaron los intentos de la Fiscalía guatemalteca por socavar los resultados de los comicios.
El cuestionado jefe de la fiscalía contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, aseguró el viernes que toda "la información que fue consignada en el acto de cierre y escrutinios en todas las juntas receptoras de votos deberían anularse".
"Estamos ante un golpe de Estado absurdo, ridículo, y perverso. Los golpistas están dando patadas de ahogado", dijo Arévalo el viernes al reaccionar al anuncio de la Fiscalía.
Arévalo, sociólogo de 65 años, sostiene que la Fiscalía busca evitar que asuma el poder el 14 de enero, pues poderosos sectores políticos tradicionales temen a su promesa de lucha frontal contra la corrupción.
