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El Salvador: piden investigar muerte de presos durante régimen de excepción

Ante una escalada de 87 asesinatos en un fin de semana atribuido a las pandillas en marzo de 2022, el presidente Bukele lanzó una ofensiva contra esas bandas al amparo del régimen de excepción.

2024-02-03

POR AFP

Una agrupación de familiares de presos pidió este viernes a la Fiscalía salvadoreña que investigue las muertes de 142 reos detenidos en virtud de un régimen de excepción impuesto por el presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas.

"Estamos pidiendo a la Fiscalía (que) investigue las razones o causas por las que murieron personas que guardaban prisión (...) y que fueron detenidos bajo el régimen de excepción aún siendo inocentes porque no eran miembros de pandillas", dijo a la AFP Samuel Ramírez, coordinador del denominado Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir).

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Ramírez señaló que "en principio" presentaron a la Fiscalía General la petición para que investigue las muertes de 142 reclusos desde que entró en vigor el régimen de excepción en marzo de 2022.

Movir ha registrado en estos casi dos años los decesos de unos 225 reclusos en circunstancias no esclarecidas, explicó.

Ramírez acudió este viernes a una sede de la Fiscalía en San Salvador acompañado de una veintena de personas que aseguraron tener a familiares presos a pesar de que no eran pandilleros.

"Las familias de estas personas fallecidas necesitan saber cómo o por qué murió su familiar, las autoridades no lo dicen y esa es una violación más a los derechos humanos", señaló Ivania Cruz, portavoz del denominado Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador, que apoya las acciones del Movir.

Ante una escalada de 87 asesinatos en un fin de semana atribuido a las pandillas en marzo de 2022, el presidente Bukele lanzó una ofensiva contra esas bandas al amparo del régimen de excepción.

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Bukele busca la reelección en las elecciones de este domingo, favorecido por el apoyo de los salvadoreños a su "guerra" contra las pandillas.

El régimen de excepción es cuestionado por las organizaciones de derechos humanos porque permite detenciones sin orden judicial.

La medida ha llevado, según el gobierno, al arresto de más de 75.000 presuntos pandilleros, de los cuales más de 7.000 fueron liberados por ser inocentes.

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