Las constantes noticias por casos de legitimación de capitales deben no solo provocar la alerta del sistema financiero nacional, si no incitar acciones por parte de bancos y entidades económicas para frenar este flagelo. 12 personas supuestamente vinculadas laboralmente con Acueductos y Alcantarillados (AyA) fueron detenidas este martes como parte de una operación antidrogas ejecutada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la misma fue denominada "Caso Azteca", informó CRhoy.com.
De acuerdo con el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) Wálter Espinoza, la banda narco habría conformado empresas ficticias que utilizaban para legitimar dinero con la ayuda de los funcionarios públicos.
Al parecer, los empleados estatales asesoraban a la banda en las licitaciones de obra pública, les decían cuánto cobrar, cómo presentar la oferta y los parámetros a seguir para que se quedaran con los contratos. De esta forma, la banda lograba legitimar dinero proveniente de actividades delictivas.
El economista Jorge Benavides considera que muchas veces el control bancario no es el ideal para evitar el lavado de dinero en el país. "Existe en el país una red de lavado de dinero que ni siquiera los mismos bancos han podido detectar. Las estrategias del sistema financiero nacional para descubrir movimientos sospechosos son obsoletas y no están funcionando, es momento de tomar acciones más concretas porque los bancos no están apoyando al Poder Judicial", explicó Benavides.
El economista señaló como otro gran problema la permeabilidad del Estado costarricense en materia de corrupción. Solo este año se han presentado dos grandes casos que incluyen la participación y complicidad de funcionarios públicos para legitimar capitales.
Uno de ellos se reportó el pasado 25 de mayo cuando agentes judiciales encontraron ¢1513 millones en efectivo en una lujosa casa en Escazú. Este dinero pertenecía a una supuesta banda que adquirió un motel para blanquear el dinero. En este caso se incluyó a dos agentes del OIJ como sospechosos de brindarle al grupo información sensible.
El más reciente fue el caso Azteca, el cual contó con la supuesta participación de 14 funcionarios del AyA y una de un banco estatal. El grupo criminal utilizaba dinero ligado al narcotráfico para ganar licitaciones con el AyA, de esta manera lavaban los recursos.
"Tenemos un gran problema de ética en la función pública. Los grupos criminales permean el Estado comprando conciencias. Reportar transacciones mayores a US$10.000 no es suficiente, necesitamos más controles" agregó Benavides.
Un informe de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló enormes deficiencias en la legislación costarricense para combatir la corrupción y el lavado de dinero.
La principal observación que se hace sobre Costa Rica es el no contar con una ley que permita decomisar dineros y activos vinculados al crimen organizado. Solo en los dos primeros meses del 2021, 14 entidades bancarias reportaron movimientos de efectivo sospechosos por US$2.400 millones, no obstante, los procesos judiciales no tienen conclusiones efectivas.
