Casa Presidencial explicó que el veto obedece “a razones de constitucionalidad, así como de conveniencia y oportunidad”.
La decisión fue firmada también por la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, y por el ministro de Comunicación, Agustín Castro.
La decisión se centra en vetar, por razones de constitucionalidad, los incisos d y k del artículo 8 de la ley impulsada por la exdiputada Carmen Chan y aprobada por todos los congresistas del periodo saliente.
“Representan un riesgo para el pleno ejercicio del derecho de acceso a la información pública y para la libertad de prensa, por lo que resultan inconstitucionales, en tanto evidencian roces con la Constitución Política y la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, anunció el presidente.
Alvarado vetó específicamente, por razones de conveniencia y oportunidad, los incisos b, e, f, g, h e i del artículo 8 del decreto legislativo 10.242, porque dijo que, si bien tienen una “loable intención de regular adecuadamente el acceso a la información pública, podrían ocasionar confusiones interpretativas que lo limiten u ocasionen inseguridad jurídica”.
El presidente declaró que la limitación establecida en la legislación “genera un quebrando al orden constitucional y convencional del ejercicio de la libertad de prensa, que ha sido uno de los valores más importantes de la democracia costarricense a lo largo de la historia”.
Desde finales de la semana pasada, autoridades del Colegio de Periodistas habían solicitado al mandatario que vetara el plan aprobado, porque constituía una ley mordaza para el ejercicio periodístico, que ha significado importantes denuncias sobre corrupción por décadas.
A ese llamado se sumaron en el transcurso de esta semana, primero, la fracción legislativa del Partido Liberal Progresista (PLP), luego la del Frente Amplio (FA) y la Unidad Social Cristiana (PUSC).
Este jueves, el Partido Liberación Nacional (PLN) se subió en la carroza del rechazo legislativo a la ley mordaza, pero como Directorio político y no como bancada parlamentaria, tal como lo enfatizó la jefa, Kattia Rivera.
Mientras tanto, la bancada de Progreso Social Democrático (PPSD) y la de Nueva República han guardado silencio al respecto.
De hecho, la exdiputada Carmen Chan, quien promovió la ley y, además, la moción específica que implica una mordaza, no solo era una congresista independiente fundadora de Nueva República, sino que ahora funge como asesora de la diputada Rosalía Brown Young, de ese partido.
La Nación busca, desde este jueves, conversar con Fabricio Alvarado, jefe de la fracción parlamentaria de NR, pero hasta el momento no ha confirmado si dará la entrevista para enfatizar sobre ese proyecto.
