El acelerado incremento de la deuda pública salvadoreña ha generado una oleada de llamados a propiciar un acuerdo fiscal nacional. Voceros del Gobierno, partidos políticos, tanques de pensamiento, y empresarios concuerdan en la necesidad de emprender reformas, pero las diferencias de opinión siguen latentes a la hora de determinar qué necesita el país: Más ingresos, menos gastos, o ambos.
En cuatro años, la deuda pública salvadoreña aumentó siete puntos porcentuales del PIB, el mayor incremento registrado en Centroamérica durante ese periodo, destacó la quinta edición del Informe Estado de la Región.
Según las estadísticas recopiladas por el informe, entre 2009 y 2013, el ratio de la deuda pasó de 54 a 61 % del PIB.
Organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), y agencias calificadoras de riesgo como Standard & Poor’s (S&P) han señalado que la marcada polarización es el factor que ha impedido no solo consenso en materia fiscal, también en temas primordiales como el fortalecimiento del crecimiento económico.
Según el quinto informe del Estado de la Región atribuye el incremento a un amplio déficit fiscal y bajo crecimiento económico, otros analistas concluyen que la raíz se encuentra en la elaboración del presupuesto. En repetidas ocasiones han señalado que existe un "equilibrio artificial", pues se sobrestiman los ingresos y se omiten gastos.
Los analistas explican que con esta práctica, que data de varios años, se busca reducir la posibilidad de que la oposición entrampe la aprobación del presupuesto en la Asamblea Legislativa, puesto que un presupuesto equilibrado solo requiere de mayoría simple para su aval, mientras que uno que incluya deuda necesitará de mayoría calificada, es decir, el Gobierno tendría que negociar con la oposición para obtener sus votos.
Mientras tanto, los agujeros fiscales que surgen de esta mala elaboración del presupuesto se cubren con Letras del Tesoro Público (Letes), deuda de corto plazo que no necesita aprobación legislativa para colocarse en el mercado. Estos instrumentos se vuelven insostenibles cuando su saldo alcanza los US$800 millones, obligando al Ejecutivo a refinanciarlos, emitiendo bonos de largo plazo para pagar con ellos los compromisos de Letes. ésta es la situación actual.
Al cierre del primer semestre, la deuda en Letes ascendió a US$834,54 millones, después de haber tocado un máximo de US$936,8 millones en marzo. El Ejecutivo solicitó al Congreso, desde febrero, la autorización para emitir US$1.200 millones en bonos, con el fin de sanear la cuenta de Letes, pero aún no hay un acuerdo para avalar esta operación.
