Por estrategiaynegocios.net
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador (CSJ) admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto ejecutivo que establece un cargo del 13% al consumo de energía eléctrica.
Tras la admisión la instancia judicial ordenó suspender, provisionalmente, el cobro, el cual sería efectivo en la primera factura de julio de 2016.
El cargo, descrito por el ejecutivo como 'un cargo destinado a la inversión social', resultó polémico en las últimas semanas, debido a que diversos sectores le señalan como un nuevo impuesto, una cobro que únicamente puede ser emitido previo debate legislativo.
La Sala admitió la demanda de inconstitucionalidad en la que se manifiesta que 'con el cargo de inversión social se llevarán recursos a un fondo que ni siquiera es un presupuesto especial, evadiendo su control legislativo', al pretender trasladarlos a la estatal Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), entidad a cargo de los proyectos hidroeléctricos y geotérmicos de la nación centroamericana.
La instancia judicial determinará si en su investigación si el decreto ejecutivo reúne los requisitos de un impuesto. La demana de inconstitucionalidad fue interpuesta por el director de Asuntos Legales de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Javier Argueta.
En su resolución, la Sala también ordena al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, rendir un informe en un plazo de 10 días en el que determine con justificaciones si existe o no inconstitucionalidad.
El fiscal General de la República, también dentro de un periodo de 10 días hábiles a partir de mañana, deberá pronunciarse sobre la pretensión de inconstitucionalidad.
La iniciativa del Gobierno pretende que los ciudadanos que consumen más de 100 kilovatios/hora cancelen el cargo adicional. El nuevo cobro sería administrado por la CEL, la entidad que financía los subsidios a la energía y además trabaja en la construcción de una nueva central hidroeléctrica (El Chaparral) y trabaja en la expansión de otra (5 de noviembre).
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador (CSJ) admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto ejecutivo que establece un cargo del 13% al consumo de energía eléctrica.
Tras la admisión la instancia judicial ordenó suspender, provisionalmente, el cobro, el cual sería efectivo en la primera factura de julio de 2016.
El cargo, descrito por el ejecutivo como 'un cargo destinado a la inversión social', resultó polémico en las últimas semanas, debido a que diversos sectores le señalan como un nuevo impuesto, una cobro que únicamente puede ser emitido previo debate legislativo.
La Sala admitió la demanda de inconstitucionalidad en la que se manifiesta que 'con el cargo de inversión social se llevarán recursos a un fondo que ni siquiera es un presupuesto especial, evadiendo su control legislativo', al pretender trasladarlos a la estatal Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), entidad a cargo de los proyectos hidroeléctricos y geotérmicos de la nación centroamericana.
La instancia judicial determinará si en su investigación si el decreto ejecutivo reúne los requisitos de un impuesto. La demana de inconstitucionalidad fue interpuesta por el director de Asuntos Legales de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Javier Argueta.
En su resolución, la Sala también ordena al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, rendir un informe en un plazo de 10 días en el que determine con justificaciones si existe o no inconstitucionalidad.
El fiscal General de la República, también dentro de un periodo de 10 días hábiles a partir de mañana, deberá pronunciarse sobre la pretensión de inconstitucionalidad.
La iniciativa del Gobierno pretende que los ciudadanos que consumen más de 100 kilovatios/hora cancelen el cargo adicional. El nuevo cobro sería administrado por la CEL, la entidad que financía los subsidios a la energía y además trabaja en la construcción de una nueva central hidroeléctrica (El Chaparral) y trabaja en la expansión de otra (5 de noviembre).
La autónoma, sin embargo, no ha estado excenta de la polémica ya que en días reciente se conoció que el banco KFW, de alemania y uno de los financistas del proyecto de la 5 de noviembre, congeló desembolsos por el orden de los US$33 millones tras identificar señales negativas en cuanto a la deuda de la entidad.
