Por Roberto Fonseca – Revista Estrategia & Negocios
En una década, los países de Centroamérica -con excepción de Costa Rica- han mostrado un marcado deterioro y retroceso en el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI por sus siglas en inglés), que construye anualmente el organismo Transparencia Internacional, basándose en una metodología desarrollada desde 2012 y reconocida por organismos multilaterales.
“Centroamérica, al compararse con el concierto latinoamericano, es percibida como la subregión más corrupta de América Latina”, afirma Luciana Torchiaro, consejera regional para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional (TI).
Agrega que todos los países de la sub región, con excepción de Costa Rica que siempre destaca, están por debajo del promedio regional de 43 puntos, en una escala de 0 a 100, en el que 100 es considerado “limpio” y 0 “muy corrupto”.
En el ranking de Transparencia Internacional 2022, Costa Rica obtiene un CPI score de 54, Panamá 36, El Salvador 33, Guatemala 24, Honduras 23 y Nicaragua en última posición, con 19. Con respecto al ranking de 2012 de Transparencia Internacional, Guatemala registra un deterioro de -8 puntos en su CPI score, Honduras -5 puntos, Nicaragua -10 y Panamá -2 puntos. En el caso de El Salvador corresponde a un deterioro de -6 con respecto al CPI score de 2014.
“Entonces, podemos afirmar con solvencia que los esfuerzos no han sido suficientes y esto tiene consecuencias a nivel macro y a nivel micro. Los niveles de corrupción de esta naturaleza afectan la seguridad jurídica y por ende, el clima de negocios. Pero también tiene impactos terribles para la población, para satisfacer sus necesidades básicas de educación, salud y de infraestructura”, agrega.
“Es decir, toda esta corrupción afecta en última instancia a la ciudadanía”, reitera Torchiaro.
¿QUÉ FACTORES INCIDEN?
La Consejera Regional para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional (TI) destaca varios factores, que están contribuyendo negativamente al deterioro de la percepción sobre la corrupción, entre éstos, el retroceso democrático en la mayoría de los países de la sub región, la falta de equilibrio de poderes y especialmente, la subordinación de los poderes legislativos y judiciales al Ejecutivo.
“En la mayoría de los países de la subregión no hay equilibrio de poderes, es muy básico en casi toda Centroamérica, ése es un patrón”, y agrega, “otro patrón es que la justicia no es independiente, y eso lo que genera son altos niveles de impunidad, las sanciones hacia los corruptos son muy escasas”.
Torchiaro puso de ejemplo el caso de un político guatemalteco, quien pese a recibir y cumplir una condena por lavado de dinero proveniente del narcotráfico en Estados Unidos, luego de ser deportado a su país de origen para cumplir el resto de su condena, éste fue exonerado y liberado.
TRIÁNGULO NORTE EL MÁS AFECTADO
“En los países del Triángulo del Norte -Guatemala, El Salvador y Honduras- vemos un deterioro en los últimos diez años. También Nicaragua destaca entre los grandes perdedores”, asegura.
Torchiaro valora que en esos países centroamericanos no hay voluntad para avanzar con la agenda del combate a la corrupción, por tanto, apunta que un primer paso es fortalecer a la democracia y a las instituciones democráticas en la sub región.
“Centroamérica no ha logrado construir el nivel de institucionalidad necesario para atacar los casos de corrupción de manera efectiva. Es fundamental, en ese sentido, fomentar la independencia del sistema judicial, así como la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en la vía pública. Sin embargo, lo básico es la división de poderes”, afirma.
Lamenta que en los países del istmo se observan poderes Ejecutivos con mucha influencia en las instituciones del Estado, así como élites políticas y económicas tradicionales, que incluso en ciertos casos -dice- se han asociado al crimen organizado y esto lo califica de “particularmente grave”.
Valora que la sociedad civil tiene un rol importante en la lucha contra la corrupción, ya que es un actor independiente, que puede exigir mayor transparencia, así como colaborar con las autoridades públicas en base a su experiencia técnica, con el propósito de apoyar en la formulación de políticas anticorrupción y mejorar la transparencia institucional.
“También puede tejer un puente entre las autoridades y la ciudadanía, por ello el rol de la sociedad civil en el campo de la lucha contra la corrupción es realmente muy importante. Sin embargo, en muchos países de la sub región, el espacio cívico no existe”, concluye Torchiaro.
En el ranking 2022 de TI se califica a 180 economías.
