La revisión y reforma del contrato de construcción, financiamiento, operación y mantenimiento del aeropuerto Internacional de Palmerola trastocará el cierre financiero y el cronograma del inicio de las obras de esta terminal aérea, mientras se define el destino final que se le dará al aeródromo de Toncontín.
Justamente para tratar este tema los miembros de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (Coalianza) se reunieron con el comité técnico y jurídico de esta dependencia y representantes de la concesionaria Inversiones Emco S.A de C.V, a efecto de revisar el cronograma de las obras y puntualizar los cambios que se le harán al modelo financiero sin que esto implique penalizaciones para el Estado.
Para los expertos, la modificación del contrato tendrá implicaciones económicas para el Gobierno de Honduras.
Por un lado, el cierre de Toncontín conllevará a pagar una millonaria indemnización a la actual concesionaria Aeropuertos de Honduras en vista que el período de la concesión finaliza en el año 2020, en tanto la continuidad de operaciones de la terminal capitalina obligará a pagar a Emco una penalización de cerca de US$1 millón mensuales.
Aspectos polémicos
El contrato de concesión tiene una duración de 30 años, pero en las condiciones se considera que Emco comenzará a pagar el canon del 10% hasta que alcance los 600.000 pasajeros, meta que se concretará hasta el año 28 de la concesión.
Una de las cláusulas del polémico convenio establece que el Estado de Honduras deberá pagar a Emco US$800.000 dólares mensuales si después de 90 días de entrar en funcionamiento Palmerola, no se procede decretar el cierre de operaciones comerciales de vuelos nacionales e internacionales en la terminal de Toncontín.
El documento en referencia estipula literalmente que a la fecha de inicio de explotación del aeropuerto de Palmerola, se llevará a cabo el proceso de migración de las operaciones de Toncontín al aeropuerto de Palmerola.
El concedente (Gobierno de Honduras), la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) y el concesionario (Emco S.A. de C.V.) deberán establecer el proceso de migración correspondiente que establece el cierre definitivo de operaciones comerciales para vuelos nacionales e internacionales del aeropuerto de Toncontín y la explotación del aeropuerto de Palmerola.
El contrato también señala que a la fecha de inicio de la explotación de Palmerola, el Gobierno deberá proveer, directamente o a través de un tercero, un servicio de transporte público que conecte la ciudad de Tegucigalpa con la referida terminal aérea que ofrezca todas las facilidades al viajero.
Miguel ángel Gámez, comisionado presidente de Coaliaza, reconoció que los impasses surgidos en los últimos días con relación a la continuidad de Toncontín causará retrasos en las obras de Palmerola que estaban planificadas para junio del presente año, motivo por el cual se haría una revisión del cronograma de obras.
Explicó que la Ley de las Alianza Público Privadas establece que una vez aprobado el contrato de concesión por el Congreso Nacional, la empresa tienen un plazo para acreditar los fondos de las obra, pero con esta situación deberán esperar el nuevo cierre financiero.
De hecho, el mes pasado la concesionaria comunicó a Coalianza que tenía disponibles los primeros US$30 millones para el inicio de los trabajados preliminares del proyecto.
Con respecto a la opción que plantean algunos diputados de elaborar y aprobar un nuevo contrato, Gámez dijo que lo más viable es hacer una adenda al documento en vista que ya lleva dos debates en la Cámara Legislativa.
"Lo más expedito sería una adenda porque recuerde que el contrato ya fue discutido en dos debates", manifestó.
Dijo que son dos cláusulas del modelo financiero que serían reformadas para viabilizar la continuidad de Toncontín para la operación de vuelos nacionales.
Tomás Zambrano, prosecretario del Congreso Nacional, confirmó que por ahora la discusión del contrato sigue en suspenso, mientras se define la situación de Toncontín y las reformas que se plantearán.
El parlamentario dijo que solo están a la espera que Coalianza remita la adenda para continuar con la aprobación del acuerdo.
Diputados de la oposición rechazan la adenda y piden un nuevo contrato.
