Una denuncia de oficio dio lugar desde hace 10 meses a un trabajo amplio de investigación que llevó tanto a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) como a la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-Adpol), del Ministerio Público, a descubrir una supuesta vinculación del exoficial de policía Jorge Alberto Barralaga Hérnandez en el delito de lavado de activos.

Fraga (de 23 años), según los investigadores, mantenía nexos comerciales con el oficial en retiro.

"Durante diez meses se trabajó el caso. Son investigaciones complejas que requieren de verificación de propiedades, dineros y otros elementos para acreditarlo. Sin embargo, en ese cruce de información se evidenció que el excomisionado (Jorge) Barralaga realizaba transacciones comerciales con la compañera de Wilter Blanco, capturado en Costa Rica el año pasado. Montse Fraga es la persona que lo acompañaba cuando fue detenido en ese país", explicó uno de los agentes del caso.

Hijo de la rectora

A Jorge Alberto Barralaga se le señaló de complicidad al dejar en libertad a los asesinos de Alejandro Vargas, hijo de la rectora Julieta Castellanos, y de su amigo Carlos Pineda.

El investigador señaló que no detallan los nexos comerciales que se descubrieron en la investigación porque forman parte de la prueba que se presentará ante el juez con jurisdicción nacional y no se quiere estropear el proceso.

Ayer, además del exoficial, fueron capturadas su esposa Reyna Elizabeth Ayala Reyes, quien es asesora de la Secretaría de Seguridad, su cuñada Edith Xiomara Roca Pérez, y a Montse Fraga, detenida en horas de la tarde en un centro comercial de La Ceiba. Los cuatro arrestados son acusados de lavado de activos.

Las detenciones

La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado había iniciado hace dos años una investigación para verificar la supuesta fortuna que amasó Jorge Alberto Barralaga cuando fungía como jefe policial. Sin embargo, esos avances fueron retomados y tanto la Atic como la UF-Adpol fueron descubriendo la trama que supuestamente involucra al exoficial junto con su familia con la compañera sentimental de Wilter Blanco. "Tras las investigaciones, el Ministerio Público procedió a emitir los requerimientos fiscales y la emisión de órdenes de captura contra el comisionado de policía en condición de retiro Jorge Barralaga, su esposa Reyna Ayala que es asesora de la Secretaría de Seguridad y Edith Xiomara Roca, cuñada del excomisionado Barralaga y esposa de José Santiago Barralaga, exalcalde de Sabá, Colón. También se detuvo en La Ceiba a la mujer del extraditado Wilter Blanco.

Todos vinculados al lavado de activos", explicó Yuri Mora, vocero del Ministerio Público.

Tanto Barralaga como su esposa fueron detenidos en la colonia Las Cascadas en Tegucigalpa, las viviendas fueron registradas por la Atic. A Edith Roca se le detuvo en Tocoa. Roca y Fraga fueron trasladadas a Tegucigalpa y para hoy a las 10:00 am se programó la audiencia de declaración de imputado para los cuatro detenidos.

La Secretaría de Seguridad aclaró ayer que Barralaga Hernández no es miembro activo de la institución policial desde 2011, cuando fue separado por haber cometido una falta grave tipificada en la Ley Orgánica de la Policía Nacional. Ayala Reyes actualmente presta sus servicios como abogada en la función de asesorar los procedimientos administrativos y legales de los funcionarios policiales.

Exoficial tenía varias acusaciones

Nació el 7 de febrero de 1961 y es originario de Sabá, en el departamento de Colón. Forma parte de la octava promoción de la Policía Nacional y en su carrera policial fungió en varios cargos. Dentro de ellos fue subjefe de la Policía Departamental en Copán, donde lo denunció el entonces comisionado Juan Carlos Bonilla por dejar abandonadas varias postas policiales y trasladar a todos los elementos para dar seguridad en la inauguración de una alcaldía en Copán.

Luego fue trasladado a Tegucigalpa donde ocupó el cargo como jefe de la Policía Metropolitana número 1, donde fue señalado de la fuga de un oficial y tres agentes implicados en la muerte de los estudiantes universitarios Carlos Pineda y Rafael Alejandro Vargas Castellanos, este último hijo de la rectora de la Unah, Julieta Castellanos.

Por esa situación fue suspendido de sus funciones, pero demandó al Estado para su reintegro a la institución. La entonces fiscal de Derechos Humanos, Sandra Ponce, antes de abandonar el cargo, le dictó un auto de cierre del proceso a Barralaga y lo remitió a la Dirección de Fiscales.

A raíz de las investigaciones, el caso se reabrió y se buscó ampliar el campo de investigación hacia otras personas que pudieran estar involucradas. Fue así que se presentó un requerimiento fiscal, pero tras su presentación los juzgados le decretaron medidas cautelares. Barralaga ha sido denunciado de amasar una gran fortuna.