La máxima instancia judicial de Guatemala suspendió temporalmente este jueves dos reformas al Código Penal aprobadas por el Congreso para blindar a dirigentes políticos de acusaciones de financiamiento ilícito, informó su presidente.
'Se procede a otorgar el amparo provisional y dejar en suspenso' las modificaciones, dijo en conferencia de prensa el presidente de la Corte de Constitucionalidad, Francisco de Mata.
'Ello en virtud de que constituyen una seria amenaza que en caso de cobrar vigencia podría ocasionar daños irreparables al sistema de justicia', agregó.
El miércoles, 107 de los 158 diputados aprobaron de urgencia nacional que el delito de financiamiento electoral ilícito no castigue directamente a los secretarios generales de los partidos y recarga una eventual culpa a los contadores de cada organización.
Además, el Congreso aprobó otro cambio al Código Penal. Hasta ahora, un delito penado con hasta 5 años de prisión puede ser excarcelable mediante fianza, pero el Congreso amplío el margen para aplicar esa norma a los delitos sancionados con hasta 10 años de cárcel.
Ese cambio, según la fiscalía, favorece a los acusados de al menos 400 delitos.
Las modificaciones causaron el malestar popular con airadas protestas en el Congreso en la capital y otras ciudades ante lo que llamaron un 'Pacto de Corruptos'.
Los seis recursos que frenaron temporalmente la decisión del Congreso fueron presentados por el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, y activistas.
El presidente Jimmy Morales de su lado dijo en un video difundido en redes sociales que analizará las reformas y, de ser 'nocivas', las vetaría.
Las reformas se hicieron dos días después de que el Congreso rechazara un pedido de la fiscalía y de una misión antimafias de la ONU para retirar la inmunidad al presidente Morales para ser investigado penalmente por financiamiento ilícito en su campaña electoral en 2015 con el partido derechista FCN-Nación.
Morales era secretario general de ese partido durante la campaña.
El presidente además enfrenta una ola de críticas por intentar expulsar al jefe de la misión de la ONU que lidera una inédita lucha contra la corrupción, el exmagistrado colombiano Iván Velásquez, a quien acusó de injerencia en asuntos internos.
