El Congreso de Estados Unidos aprobó este 21 de diciembre la Ley de Compromiso Mejorada del Triángulo Norte de los Estados Unidos (HR 2615).
Esta moción va enfocada a fortalecer la lucha contra la corrupción en Guatemala, El Salvador y Honduras, países que integran el Triángulo Norte de Centroamérica y, "cuyas economías se deterioran a causa de ese flagelo", señala una publicación de ese organismo.
Se trata de una estrategia para avanzar hacia la prosperidad por medio de la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento democrático, la gobernanza y la seguridad ciudadana; además, determina que el Gobierno de EE. UU. deberá publicar una lista con los nombres de todos los funcionarios y personas individuales implicadas en actos de corrupción.
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"La corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras por ciudadanos privados y funcionarios selectos en gobiernos locales, regionales y federales importantes daña considerablemente las economías de esos países y priva a los ciudadanos de oportunidades", refiere el documento que fue publicado este lunes 21 de diciembre.
La propuesta fue incluida en el Presupuesto 2021 de EE. UU. que será aprobado en los próximos días por el presidente Donald Trump.
A más tardar en 180 días, de acuerdo con el documento, el presidente estadounidense deberá presentar al Congreso un informe clasificado que identifique a personas que hayan participado en actos de corrupción u obstrucción de las investigaciones en casos de corrupción relacionada con contratos gubernamentales, soborno y extorsión.
Además, de quienes hayan facilitado transferencias de ingresos producto de la corrupción, "incluso mediante blanqueo de capitales", y quienes hayan cometido actos de violencia, acoso o intimidación en contra de investigadores de casos corrupción.
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Con base en lo anterior, el presidente deberá imponer las sanciones correspondientes, que van desde la publicación del litado con los nombres de corruptos y corruptores, hasta la denegatoria o cancelación de visa para ingresar a EE. UU.
Esta propuesta también señala que se debe avanzar en áreas clave como la reducción la pobreza y el desempleo, aumentar la inversión del sector privado, solucionar las necesidades humanitarias, reinserción de deportados y apoyo a la conservación y la resiliencia comunitaria.
