La Corporación Reto del Milenio (MCC por sus siglas en inglés) está a pocos días de iniciar la evaluación de países para un nuevo Fomilenio. En esta ocasión, El Salvador, que ya cuenta con dos etapas del programa, podría no ser elegible este año debido al deterioro de los indicadores de corrupción.
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La puntuación que El Salvador ha alcanzado en el tema de corrupción es de 43% (de un 100%). Este indicador es clave ya que vigila el uso de fondos públicos y cómo se persigue y castiga el abuso de estos.
'Todos los años hacemos una evaluación de 20 indicadores, todos se toman de datos independientes, de otras entidades. En este caso, El Salvador lleva más de cuatro años de no calificar en indicador del control de la corrupción, no solo es hoy', indicó Preston Winter, miembro de la Corporación del Milenio en el programa de radio Pencho y Aída.
Sin embargo, 'este año había una mejora en el indicador de control de corrupción (en El Salvador). Yo veo que el rumbo es que habrá mejoras en el futuro. No es que no sea elegible, pero es un proceso y MCC junto con el Gobierno está dispuesto a trabajar con los funcionarios para mejorar los indicadores, no es un acto sencillo, a veces toma años mejorar', agregó.
El director residente de la fundación recalca que en El Salvador en 'años pasados hemos mejorado indicadores fiscales, por ejemplo'.
MCC nació para ayudar a reducir la pobreza en los países en vías de desarrollo, que no tienen para crear beneficios sociales para la población en general, en al menos un 10% del total de sus habitantes.
En el limbo el Fomilenio II en El Salvador
En noviembre de 2020, los diputados salvadoreños aprobaron reorientar US$354 millones de una deuda que es parte del Fideicomiso para destinar US$50 millones al pago de Fomilenio II. Pero el presidente de la República, Nayib Bukele, lo envió vetado el 9 de diciembre.Los fondos tampoco fueron incluídos en el Presupuesto General de la Nación para 2020, pese al compromiso adquirido por El Salvador de aportar una contrapartida para dicho fin.
Entre sus argumentos del veto de Bukele consta que se viola el artículo 226 de la Constitución de la República con afectación a la seguridad jurídica. Según el mandatario, la asignación de los diputados "transgrede el principio de legalidad en la actuación de la Administración Pública", invadiendo la Asamblea facultades que corresponden al órgano Ejecutivo de dirigir las finanzas públicas y "contraviniendo la zona de reserva legal de competencias propias y exclusivas del Ministerio de Hacienda".
El Ejecutivo solicitó a la Asamblea que ratificara el préstamo de US$250 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de ahí asignar la partida a Fomilenio.
Sin embargo, el pasado 10 de diciembre, con 59 votos, el congreso salvadoreño (Asamblea Legislativa) logró superar el veto presidencial.
Con la ratificación del decreto legislativo, quedan aprobados por la Asamblea los US$50 millones para Fomilenio II, mismos que son para finalizar el tramo II de esta ayuda.
Pero, con la superación del veto, el decreto vuelve a la Presidencia, quien deberá analizar si lo acepta o lo rechaza, si pasa esto último, deberá ser la Sala de lo Constitucional quien dirima sobre la controversia.
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Esta situación política lleva a que los fondos para finalizar las obras de infraestructura de Fomilenio II sigan en el limbo.
'Si el dinero no se pone al más inmediato plazo, van a terminar los contratos y los proyectos quedarán parados. Los costos de un proyecto detenido son importantes. Día con día se generan sobrecostos. En este momento tenemos cuatro proyectos detenidos', indicó Ricardo Tablas, asesor legal del Fomilenio II.
Entre las obras pausadas está un periférico y un distrito de riego, de acuerdo con Tablas.
'El problema es que inciden directamente sobre el tema de infraestructura logística y el del clima de inversiones. El efecto de no haber cumplido con la partida financiera que le correspondía indica que no habría honrado con los compromisos para cumplir con los objetivos', agregó el experto.
Por la pandemia, MCC suspendió la inyección de fondos estadounidenses para terminar los proyectos, es por eso que es importante que el Gobierno cumpla, de acuerdo con Preston.
'Hay varias salidas, esperemos que lo cumplan', acotaba el funcionario.
La MCC ya amplió el plazo para que El Salvador cumpla con su obligación y logren los acuerdos políticos pertinentes.
La agencia notificó que el cierre será el 30 de abril de 2021, más de tres meses después de la fecha inicial prevista para el 7 de enero. El compacto, en tanto, mantiene una inversión de US$50 millones en la reducción y modernización de trámites empresariales.
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FOMILENIO II financió con US$277 millones donados por el gobierno de los Estados Unidos. A esto se le sumó una contrapartida de US$88,2 millones que deben provenir del gobierno de El Salvador. Juntos hacen un total de US$365.2 millones, para ser ejecutados en un plazo de cinco años, entre el 9 de septiembre de 2015 y el 9 de septiembre de 2020.
No obstante, este acontecimiento extraordinario, FOMILENIO II habría desembolsado al 30 de septiembre, US$235 millones (85%) del total de los fondos de donación provenientes del gobierno de los Estados Unidos, a través de MCC.
Evaluación para ser elegido
La MCC evalúa 20 indicadores dentro de tres grupos específicos para que un país pueda ser elegible para un compacto de Fomilenio.Entre ellos destacan gobernanza, tema fiscal, programas sociales, ambientales y otros temas relacionados al desarrollo integral de la población.
Las otras áreas donde el gobierno salvadoreño reprobó son la efectividad del gobierno, el Estado de Derecho, la protección de recursos naturales, el lanzamiento de empresas nuevas, las tasas de inmunización y la matrícula de niñas en educación secundaria.
En tanto, los indicadores aprobados fueron en la inflación, calidad regulatoria, política comercial, género en la economía, acceso a tierra y créditos en el área económica.
En el área de gobernar, el país aprobó en derechos políticos, libertades civiles y libertad de información
En inversión en la gente, El Salvador aprobó los ejes de gasto en salud, gasto en educación primaria y salud infantil, de acuerdo con la MCC.
