El pasado 21 de febrero, el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, afirmó en su programa sabatino 'Gobernando con la gente ' que el Gobierno paga US$400 millones a las AFP para pagar las pensiones y que este gasto será insostenible en los próximos años.
No se sabe si el mandatario estaba mal asesorado, leyó mal su discurso o está desinformado; lo cierto es que en realidad son las AFP las que, actualmente, financian al Gobierno para que pague las pensiones de los jubilados del ISSS y el INPEP, porque las reservas de esas instituciones se agotaron en 2002.
Sánchez Cerén recalcó ese día, en su programa, grabado en el municipio de Cuscatancingo: 'Cada año hay que pagar US$400 millones de los fondos del Gobierno a las AFP para pagar las pensiones. Eso no puede hacerlo el Gobierno'.
Sin embargo, es el Gobierno el que ha tomado, desde 2006, más de US$3.566 millones de los ahorros de los cotizantes de las AFP para poder pagar a los jubilados del sistema de reparto, que estuvo vigente hasta 1998.
En el sistema de pensiones privado cada persona ahorra el 6,25 % de su salario y el empleador aporta otro $6,75 %, para sumar un total de 13 % de ingresos que permitirán una pensión al final de su vida laboral. Es de estos ahorros que el Gobierno ha tomado los US$400 millones anuales que utiliza para pagar a los jubilados del sistema anterior.
Por prestar ese dinero, el Gobierno le ha pagado a cada trabajador una tasa de interés de no más del 1 %, cuando en realidad, deberían recibir tasas de mercado, promedio de entre 6 y 7 %. Cálculos de tanques de pensamiento revelaron que los trabajadores han dejado de percibir cerca de US$1.000 millones desde 2009 por percibir ese bajo interés.
En diciembre de 2014 la Sala de lo Constitucional declaró ilegal la baja tasa de interés que paga el Gobierno, por lo que de ahora en adelante el Gobierno tendrá que pagar tasas de entre 6 y 7 %.
Reforma detenida por elecciones
La preocupación del Gobierno es que en los próximos años los US$400 millones ya no serán suficientes pues más y más personas cotizantes del sistema público habrán envejecido y será necesario contar con más dinero disponible para pagar las jubilaciones del ISSS e INPEP.
Estudios actuariales indican que en 2024 el pago de las pensiones superará los US$1.000 millones, por lo que para esa fecha el Gobierno tendría que tener suficientes ingresos para solventar esos compromisos.
Ahora se suma el agravante de que el gasto del Gobierno será mucho mayor pues la Sala de lo Constitucional ha exigido que se le paguen tasas justas a los cotizantes del sistema privado.
Y es este millonario pago el que el Gobierno asegura que no puede efectuar en el futuro, por lo que la necesidad de realizar una reforma de pensiones es crucial para permitir la sostenibilidad del sistema.
Sánchez Cerén dijo el sábado en su programa que la reforma no pretende afectar a los pensionados, sino más bien, favorecerlos. 'No vamos a afectar los derechos ganados por los pensionados. Vamos a mejorar la condiciones de los pensionados y no a dañar su condición', señaló.
Justificó que el tema aún no se ha discutido porque el país atraviesa una etapa electoral.
'Solo estamos esperando que pasen las elecciones . Ahora es periodo electoral. Nosotros queremos hacerlo de verdad y abrir el debate nacional alrededor del tema de pensiones', manifestó.
Pero pese a que el mandatario prometió la creación de una comisión presidencial para abordar el tema de pensiones, a casi un año de su mandato, la promesa sigue sin cumplirse.
Tampoco hay información consolidada sobre lo que las autoridades pretenden hacer.
La semana pasada una diputada efemelenista aseguró a otro medio de comunicación que el Gobierno quiere implementar un gobierno mixto, pero también hay un documento en la Asamblea Legislativa que propone revertir el sistema y volver a uno de reparto, con lo cual el Estado se haga cargo de todas las pensiones.
Anteriormente, el ministro de Hacienda planteó a la Asamblea medidas como eliminar la pensión vitalicia a más de 130.000 personas del sistema privado, que se favorecieron con un decreto legislativo. También se busca reducir las pensiones mayores de US$800 del sistema público.
