Por AP
Según la investigación de la fiscalía, la red era dirigida por la exvicepresidenta Roxana Baldetti que, con promesas de pago a diputados del Partido Patriota, entonces el partido oficial, les ordenaba qué leyes aprobar y qué funcionarios elegir para cargos públicos.
"Al indagar sobre algunos indicios obtenidos, se estableció que dentro del Estado de Guatemala operaba una estructura de funcionarios que alteraban el orden democrático y el sistema republicano, al supeditar las funciones legislativas a directivas del poder ejecutivo a cambio de una promesa de pago o una dádiva", dijeron la fiscalía y la CICIG en un comunicado.
La investigación proporciona ejemplos de las acciones de la red con la aprobación, en 2014, de la ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para la Transmisión de Datos, que habría sido cabildeada ante el ejecutivo por personeros de la empresa Tigo, la marca comercial para la región centroamericana del operador de telefonía móvil Millicom International Cellular, S.A, y que habría sido aprobada por medio de la compra de votos de diputados.
La ley proponía expandir infraestructura como postes, fibra óptica y antenas de telefonía sin la aprobación de comunidades locales. La fiscalía recopiló testimonios, correos electrónicos, mensajes de teléfono y prueba documental financiera sobre los pagos de estos sobornos para la aprobación de leyes.
Según las primeras investigaciones estos pagos habrían alcanzado 8 millones de dólares, los que se habrían entregado en efectivo.
En ese entonces Acisclo Valladares, actual ministro de Economía, fungía junto a su primo Luis Fernando Valladares como representantes de Tigo, propiedad del empresario multimillonario Mario López. Según los testimonios con los que cuenta la fiscalía, Valladares habría entregado en persona el dinero de los sobornos.
La empresa telefónica fue la primera en obtener beneficios de la nueva ley, señaló la fiscalía, al presentar 33 proyectos para la instalación de infraestructura, los cuales fueron aprobados ese mismo día.
En mensajes de texto Baldetti hacía mención de su poder sobre los diputados, ordenándoles también a qué funcionarios elegir. Durante ese periodo se eligió al contralor de Cuentas de la Nación y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Cortes de Apelaciones que actualmente imparten justicia.
Una de las solicitudes de retiro de inmunidad va contra el diputado Estuardo Galdámez, candidato presidencial del Frente de Convergencia Nacional, el partido oficial actual, quien habría sido un "jefe de línea", a cargo de entregar pagos a diputados.
Se solicitó que también se les retire la inmunidad a los diputados Juan José Porras, Haroldo Quej, Boris España, Gustavo Medrano, Mirna Magnolia y Marco Orozco por los delitos de asociación ilícita, violación a la Constitución, lavado de dinero y cohecho.
El diputado Galdamez y el ministro Valladares no respondieron a llamadas de AP para solicitar comentarios.
Este es el sexto proceso contra Baldetti, quien está presa, condenada por otro caso de corrupción. Pérez Molina, cuyo gobierno se extendió de 2012 a 2015, también está preso.
Según la investigación de la fiscalía, la red era dirigida por la exvicepresidenta Roxana Baldetti que, con promesas de pago a diputados del Partido Patriota, entonces el partido oficial, les ordenaba qué leyes aprobar y qué funcionarios elegir para cargos públicos.
"Al indagar sobre algunos indicios obtenidos, se estableció que dentro del Estado de Guatemala operaba una estructura de funcionarios que alteraban el orden democrático y el sistema republicano, al supeditar las funciones legislativas a directivas del poder ejecutivo a cambio de una promesa de pago o una dádiva", dijeron la fiscalía y la CICIG en un comunicado.
La investigación proporciona ejemplos de las acciones de la red con la aprobación, en 2014, de la ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para la Transmisión de Datos, que habría sido cabildeada ante el ejecutivo por personeros de la empresa Tigo, la marca comercial para la región centroamericana del operador de telefonía móvil Millicom International Cellular, S.A, y que habría sido aprobada por medio de la compra de votos de diputados.
La ley proponía expandir infraestructura como postes, fibra óptica y antenas de telefonía sin la aprobación de comunidades locales. La fiscalía recopiló testimonios, correos electrónicos, mensajes de teléfono y prueba documental financiera sobre los pagos de estos sobornos para la aprobación de leyes.
Según las primeras investigaciones estos pagos habrían alcanzado 8 millones de dólares, los que se habrían entregado en efectivo.
En ese entonces Acisclo Valladares, actual ministro de Economía, fungía junto a su primo Luis Fernando Valladares como representantes de Tigo, propiedad del empresario multimillonario Mario López. Según los testimonios con los que cuenta la fiscalía, Valladares habría entregado en persona el dinero de los sobornos.
La empresa telefónica fue la primera en obtener beneficios de la nueva ley, señaló la fiscalía, al presentar 33 proyectos para la instalación de infraestructura, los cuales fueron aprobados ese mismo día.
En mensajes de texto Baldetti hacía mención de su poder sobre los diputados, ordenándoles también a qué funcionarios elegir. Durante ese periodo se eligió al contralor de Cuentas de la Nación y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Cortes de Apelaciones que actualmente imparten justicia.
Una de las solicitudes de retiro de inmunidad va contra el diputado Estuardo Galdámez, candidato presidencial del Frente de Convergencia Nacional, el partido oficial actual, quien habría sido un "jefe de línea", a cargo de entregar pagos a diputados.
Se solicitó que también se les retire la inmunidad a los diputados Juan José Porras, Haroldo Quej, Boris España, Gustavo Medrano, Mirna Magnolia y Marco Orozco por los delitos de asociación ilícita, violación a la Constitución, lavado de dinero y cohecho.
El diputado Galdamez y el ministro Valladares no respondieron a llamadas de AP para solicitar comentarios.
Este es el sexto proceso contra Baldetti, quien está presa, condenada por otro caso de corrupción. Pérez Molina, cuyo gobierno se extendió de 2012 a 2015, también está preso.
