Por Leonel Ibarra - estrategiaynegocios.net
Moody's Investors Service (Moody's) rebajó las calificaciones de emisor a largo plazo y senior no garantizadas del Gobierno de Panamá a Baa3 desde Baa2, y la calificación senior no garantizada de plataforma a (P)Baa3 de (P) Baa2. La perspectiva cambió de negativa a estable.
La reducción del déficit fiscal de Panamá ha estado respaldada por un fuerte crecimiento económico y una serie de medidas puntuales, sin que las autoridades hayan abordado materialmente los desafíos fiscales estructurales que siguen presentes por el lado del gasto, ni los derivados de la muy estrecha base de ingresos de Panamá.
Los desafíos en materia de gasto se relacionan con una gran masa salarial que representa más del 30 % del gasto público y seguirá creciendo en línea con el Producto Interno Bruto impulsado por los aumentos salariales exigidos por ley. Además, para abordar el descontento social, el gobierno ha ampliado los subsidios y transferencias que habían aumentado inicialmente en respuesta a la pandemia, y este año el gobierno aprobó una ley que aumentó el gasto destinado al sector educativo, llevándolo al 7 % del PIB del nivel previamente establecido. nivel del 6 % del PIB.
Los ingresos tributarios habían ido disminuyendo desde 2017, hasta alcanzar en promedio el 7,6 % del PIB en el período 2018-22. Esto ha sido parcialmente compensado por transferencias de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), aumentando la dependencia del gobierno de la ACP, con transferencias que representan más del 25 % de los ingresos del gobierno central en los últimos años. Los ingresos del gobierno se recuperaron en 2022-23 gracias a un sólido crecimiento económico, pero se mantuvieron por debajo de los objetivos presupuestarios a pesar de gastos extraordinarios, incluidos 500 millones de dólares (0,6 % del PIB) recibidos por la venta de tierras a la ACP.
En 2023, Moody's considera que el gobierno podría cumplir con el límite de déficit del 3 % del PIB fijado en su regla fiscal gracias a la aprobación de un nuevo contrato minero que generaría US$770 millones (0,9 % del PBI) este año y aportaría US$375 millones (0,4 % del PIB) anualmente en regalías en los próximos años. Además, dadas las recientes protestas, el contrato se presentará para su aprobación en un referéndum que tendría lugar en diciembre de 2023.
"Es importante destacar que estos ingresos adicionales no serán suficientes para hacer frente a mayores presiones fiscales derivadas de una mayor carga de intereses y el continuo deterioro de la finanzas de la seguridad social", señala la agencia.
Las perspectivas de un deterioro continuo de la asequibilidad de la deuda hasta 2024 afectarán la fortaleza fiscal de Panamá a pesar de una relación deuda-PIB estable. Moody's espera que la carga de intereses aumente a aproximadamente el 3 % del PIB en 2024, lo que representa más del 15% de los ingresos del gobierno, casi el doble de la mediana de Baa del 8%, y que se mantenga alta en los años siguientes.
Dada la dolarización total, la política fiscal es la herramienta más importante del gobierno para responder a los shocks macroeconómicos. Para anclar la gestión fiscal, Panamá adoptó una regla fiscal cuyo cumplimiento ha tenido un historial mixto hasta la fecha. Los cambios a la regla fiscal aprobados en 2018 fortalecieron su marco, pero el cumplimiento deficiente sigue siendo la norma, así como el uso recurrente de medidas excepcionales.
Por ejemplo, en 2022 el déficit cayó por debajo del límite establecido en la regla fiscal debido a una operación de canje que permitió al gobierno reducir los pagos de intereses de modo que el déficit quedó justo por debajo del límite del 4 %. Además, el gobierno no ha cumplido con los mandatos relacionados con las reglas fiscales que involucran transferencias al fondo soberano con pagos vencidos que acumulan más de $900 millones entre 2018 y 2022.
La falta de declaración de atrasos por parte de las administraciones salientes ha llevado a revisiones importantes de los resultados fiscales, y la falta de marcos fiscales plurianuales socava la previsibilidad de la política fiscal.
En general, la incapacidad de Panamá para abordar eficazmente los desafíos fiscales, junto con una transparencia limitada sobre la dirección de la gestión fiscal a mediano plazo, denota la presencia de instituciones y una gobernanza más débiles que sus pares.
