Este viernes concluye el acuerdo que se firmó en julio de 2019 entre Honduras y el Fondo Monetario Internacional, FMI, sin aprobarse la quinta revisión de este.
El Gobierno cumplió con la mayoría de las metas cuantitativas, específicamente el 73%, que equivale a 8 de los 11 criterios o metas cuantitativas establecidas, informó mediante un documento el presidente del Banco Central de Honduras, BCH, Wilfredo Cerrato.
Los restantes tres criterios no se cumplieron, es decir el 27% de lo propuesto. Básicamente se incumplió en eliminar los atrasos de pago de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Enee, y la meta de gasto social prioritario.
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Mientras que las metas fiscales y monetarias se cumplieron como estaba previsto, detalla el documento.
Para el economista Claudio Salgado, el acuerdo "no se cumplió por el tema de la Enee", puesto que la crisis de la estatal continúa y tampoco se aprobaron las reformas para la escisión.
Sin embargo, Cerrato afirmó que el convenio "no era únicamente Enee. El primer acuerdo era la estabilidad fiscal y el segundo venía con otras reformas estructurales".
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"En el tema de la Enee se hicieron varias cosas positivas y otras que quedaron pendientes de resolver", justificó el presidente del BCH, quien ha fungido como coordinador del gabinete económico y representante de Honduras ante el FMI.
Desembolso
El acuerdo con el FMI principalmente era precautorio, sin otorgamiento de crédito. No obstante, a raíz de la crisis económica derivada de la pandemia y las tormentas Eta y Iota, el convenio pasó a ser de desembolso, mediante el cual el FMI aprobó unos US$700 millones de disponibilidad.De estos, el Gobierno habría obtenido, a través de la Secretaría de Finanzas, unos US$600 millones para apoyo presupuestario para gastos sociales y de salud.
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Para algunos economistas, al culminar este acuerdo el país queda más adeudado y con la misma crisis financiera de la Enee, lo que presiona las finanzas públicas e impide que se invierta más en temas sociales para la reducción de la pobreza.
Sin embargo, las autoridades gubernamentales argumentan que mantener el convenio fue beneficioso, ya que Honduras logró mejorar la nota de riesgo país y obtener financiamiento a bajas tasas de interés.
