Por estrategiaynegocios.net
El Gobierno de Costa Rica presiona a los diputados por incluir el impuesto de renta mundial en el proyecto de ley para sacar al país de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea (UE).
Esto no es un requisito de la UE y los diputados han dicho que el ministro de Hacienda Nogui Acosta aprovecha la coyuntura para imponer un nuevo gravamen.
El planteamiento indica lo siguiente: Se establece un impuesto sobre las utilidades de las personas físicas, jurídicas y entes colectivos sin personalidad jurídica, domiciliados en el país, que desarrollen actividades lucrativas de fuente costarricense. El hecho generador del impuesto sobre las utilidades es la percepción o devengo de rentas en dinero o en especie, continuas u ocasionales, procedentes de actividades lucrativas de fuente costarricense, así como cualquier otro ingreso o beneficio de fuente costarricense no exceptuado por ley. Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá por rentas, ingresos, o beneficios de fuente costarricense, los generados exclusivamente en el territorio nacional conforme a la definición de espacio territorial establecido en la Constitución Política, provenientes de servicios prestados, bienes situados, capitales invertidos y derechos utilizados, que se obtengan durante el periodo fiscal, de acuerdo con las disposiciones de esta ley, con independencia de la nacionalidad, domicilio o residencia de quienes intervengan en las operaciones de celebración de los negocios jurídicos
Sin embargo, una clara mayoría legislativa apoya la iniciativa ya dictaminada en comisión, sin que se incluya ese nuevo impuesto. Aún así, Acosta amenazó a los diputados con que si lo votan sin la renta global, el Gobierno lo vetaría.
Según el jerarca, esto último lo establece la reforma al artículo primero de la iniciativa que se encuentra a las puertas de ser votada por el Plenario Legislativo.
La intención del Poder Ejecutivo es gravar a ese tipo de rentas extraterritoriales por inversiones que hagan las empresas domiciliadas aquí.
“Aquellos que mantengan el artículo 1 en condiciones similares a las actuales. Y eso significa que aquellas personas que tienen una actividad en el país y cuya actividad requiere sacar recursos al exterior y después traerlos al país tienen que pagar impuesto”, dijo Acosta el viernes pasado, tras entregar a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley de presupuesto nacional para 2024.
La legisladora Paulina Ramírez, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien formó parte de la comisión especial dictaminadora, explicó que la modificación que pretende el Ministerio de Hacienda para incluir el esquema de renta mundial no ha sido solicitada por la UE como requisito para excluir a Costa Rica de su lista negra.
“No veo razón alguna para vetarlo por cuanto cumple con lo que pide el organismo internacional. El tema que está en discusión de que si somos renta mundial o renta territorial, en donde por más de 30 años hemos tenido una renta territorial definida en nuestra Ley del Impuesto sobre la Renta, no creo que esa discusión sea el tema por el cual está preocupada la Unión Europea”, declaró la congresista.
Mencionó que incluso la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha aceptado el esquema de renta territorial en la legislación tributaria costarricense.
Los legisladores ya comenzaron la discusión de las enmiendas presentadas al texto que se tramita bajo el expediente 23.581 y que deber estar aprobado a más tardar el próximo viernes 8 de setiembre.
El pasado 14 de febrero, la UE incluyó a Costa Rica en su lista de jurisdicciones no cooperantes en materia fiscal por debilidades en la legislación tributaria nacional que permiten la doble no imposición a rentas las pasivas extraterritoriales.
En octubre próximo, el bloque europeo revisará si el país ajustó o no su legislación a sus normas de conducta tributaria.
Con información de CRHoy
