POR AFP
La mina que es blanco de masivas protestas desde hace más de 21 días en Panamá redujo este lunes sus operaciones productivas después de que pequeñas embarcaciones bloquearan su puerto en señal de repudio.
Panamá vive su cuarta semana de protestas luego de que el Congreso aprobara el contrato entre el Estado y la compañía canadiense First Quantum Minerals (FQM), que opera la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica en el Caribe panameño.
La mina "ha comenzado a reducir las operaciones del procesamiento de minerales" debido a "un bloqueo ilegal ocasionado por pequeñas embarcaciones en el puerto de Punta Rincón", informó la compañía en un comunicado.
"Las acciones ilegales en el puerto han afectado la entrega de suministros para la planta de generación de energía, que es necesario para el pleno funcionamiento", añadió.
Paralelamente, algunos bloqueos fueron levantados temporalmente este lunes en la ruta Interamericana, lo que permitió avanzar a cientos de camiones con carga que estaban varados desde hace días en la región agrícola de Chiriquí (oeste), según medios locales.
Organizaciones indígenas que exigen al cierre de la mina dijeron que volverán a bloquear la ruta Interamericana luego de 12 horas.
Los bloqueos han causado escasez de alimentos en diversas ciudades y millonarias pérdidas a productores agrícolas y empresas, según gremios.
"Necesitamos liberar al país, la apertura parcial de las vías no ayuda a que se recupere la normalidad y se cumpla con los despachos del comercio local e internacional", dijo Hugo Torrijos, líder de las empresas del sector logístico (transporte, almacenaje y agencias de aduana).
El Congreso aprobó el 3 de noviembre una moratoria de la minería metálica para calmar el malestar ciudadano y acordó dejar en manos de la Corte Suprema de Justicia la decisión sobre el polémico contrato con la FQM, que permite la operación por 40 años de la mina.
Los ambientalistas quedaron satisfechos con la decisión del Congreso, pero el poderoso sindicato de la construcción, Suntracs, y otros grupos insisten en que el contrato debe ser anulado por ley, por lo que continúan con las protestas.
El gobierno y la minera argumentan que el nuevo contrato da aportes mínimos anuales al Estado por 375 millones de dólares, diez veces más que el monto del acuerdo inicial, y que la mina genera unos 50.000 empleos directos e indirectos y aporta el 5% del PIB.
La mina produce desde febrero de 2019 unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año.
