Por estrategiaynegocios.net
Miembros de la diáspora y exiliados políticos nicaragüenses en Estados Unidos urgieron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que redesigne y amplíe el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), lo que causaría un alivio a miles de migrantes que ingresaron de manera irregular huyendo de la crisis sociopolítica de Nicaragua a partir de 2018.
El abogado experto en derecho internacional y miembro de la diáspora nicaragüense en Estados Unidos, Harold Rocha, explica que la redesignación del TPS para los nicaragüenses estaba prevista por la Casa Blanca para la última semana de abril.
No obstante, la oficina de la asesora para política interna del presidente Biden consideró oportuno incluir a los migrantes de El Salvador y Honduras por lo que se retrasó el proceso.
En Washington “decían que en el caso de Nicaragua la decisión ya estaba tomada y que ellos darían una respuesta a finales de abril”, señala Rocha. Sin embargo, “no hemos tenido noticias todavía” y ahora preocupa que el tema pierda impulso “con las medidas que se están tomando en la frontera (con México) para facilitar la transición del Título 42 al Título 8”, las que están dirigidas a impedir un auge de la migración irregular.
El TPS es un beneficio migratorio que otorga el Gobierno de los Estados Unidos a los nacionales de países afectados por desastres naturales, conflictos armados u otras “condiciones extraordinarias y temporales”. Este permite al beneficiario permanecer legalmente, obtener un permiso de trabajo, un número de Seguro Social y optar a diferentes beneficios públicos que pudiesen necesitar en algún momento.
Los nicaragüenses recibieron el TPS por primera vez en 1999 después del desastre ambiental causado por el huracán Mitch. En 2021 había 4.250 beneficiarios del TPS procedentes de Nicaragua, según informó el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos en un informe al Congreso.
En 2017 y 2018 el expresidente Donald Trump intentó acabar con el Estatus de Protección Temporal para los nicaragüenses y varias otras nacionalidades. Situación que llevó a un grupo de organizaciones de derechos civiles a recurrir judicialmente ante un tribunal de primera instancia en California y luego ante la corte de apelaciones.
Los organismos argumentaron “que el presidente no tenía autoridad para tomar esa decisión (cancelar el TPS) por sí solo, que tenía que consultarlo con una serie de partes y que no lo había hecho. Por tanto, el caso tendría que revisarse”, explica el abogado Rocha. El caso todavía “se encuentra en litigio”, agrega.
Desde que el presidente Biden asumió la Presidencia se ha apoyado en el TPS como una herramienta para otorgar alivio migratorio a cientos de miles de personas. En noviembre del año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional amplió por 18 meses más la validez de los documentos para los beneficiarios bajo las designaciones del TPS para Nicaragua, El Salvador, Haití, Sudán, Honduras y Nepal que vencían el 31 de diciembre.
En marzo pasado medios estadounidenses reportaron que la Administración Biden planea redesignar un TPS para los nicaragüenses víctimas de la represión de Ortega. Sin embargo, aún no está claro cuándo será implementado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y por cuánto tiempo estaría vigente.
La medida podría beneficiar a unos 300.000 nicaragüenses que huyeron del régimen tras la represión a las protestas de 2018 y la crisis sociopolítica generada en los años siguientes. Además de los nicaragüenses que ya cuentan con este tipo de protección.
Con información de Confidencial
