La Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, aseguró que el Gobierno de El Salvador tiene 'insistencia' en procesar a los periodistas, después de las declaraciones del asesor jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta, quien recomendó a funcionarios que tomen acciones legales contra quienes escriben sobre actos de corrupción.
'La SIP rechazó la insistencia del gobierno de El Salvador de procesar a los periodistas por reproducir contenidos y criminalizarlos por divulgar información que las autoridades consideran confidencial', describe la SIP a través de pronunciamiento.
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El reciente 13 de diciembre, Argueta recomendó a los funcionarios del gabinete de Nayib Bukele que actúen en contra de los periodistas que 'dañen su honor' al publicar investigaciones y escribir sobre las sanciones que impuso el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en contra de tres funcionarios: la jefa de gabinete, Carolina Recinos; el director de Centros Penales, Osiris Luna; y el director de Tejido Social, Carlos Marroquín.
Argueta ratificó que, a pesar de las sanciones, todos los funcionarios continúan en sus cargos; e incluso les recomendó que 'ejerzan las acciones correspondientes' en contra de los periodistas que retomen la información oficial del gobierno estadounidense.
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'Yo recomendaría a los funcionarios de Gobierno que ejerzan acciones correspondientes, posiblemente no contra un país, pero posiblemente sí contra quien lo escribe, porque tenemos leyes que protegen el honor', declaró Javier Argueta, asesor jurídico de CAPRES.
Reiteradas amenazas
La SIP señaló que no es la primera vez que el Gobierno de El Salvador amenaza a periodistas con procesos penales. En septiembre, Argueta aseguró que emprendería acciones legales contra periodistas de la revista GatoEncerrado si se negaban a divulgar sus fuentes de información.Esto, después que revelaran en una investigación que el asesor de Bukele 'maniobró para que la Corte Suprema de Justicia, CSJ, avalara la reelección del presidente'.
La SIP también criticó la reforma a la Ley contra Delitos Informáticos y Conexos aprobada por la Asamblea Legislativa, que castigará con entre cinco y ocho años de prisión a quienes 'deliberadamente obtenga o transfiriera mediante el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, información de carácter confidencial'.
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Todas estas acciones, según el presidente de la SIP y del Grupo OPSA de Honduras, Jorge Canahuati, constituyen 'serios atropellos a la libertad de prensa y a la democracia'.
'El hecho de que los periodistas puedan ser demandados por hacer su trabajo y obligados a revelar sus fuentes implica serios atropellos a la libertad de prensa y a la democracia', dijo Canahuati.
Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información y director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, también advirtió que 'criminalizar a los periodistas violentando el secreto profesional es un arma con la que se quiere inhibir al periodismo y a las fuentes informativas para prevenir que los hechos de corrupción pública salgan a la luz', concluyó.
