Retos para Centroamérica en 2024: ‘insuficiencia democrática’

Opinión de Norma Lezcano para Revista Estrategia & Negocios

La región de Centroamérica y República Dominicana (CARD) se convirtió en el escenario que mejor refleja una de las tendencias globales más potentes del presente: es una realidad “quebradiza”, “no lineal”, “compleja” pero al mismo tiempo “anti-frágil” (1).

Cuando el antropólogo, escritor y futurista estadounidense Jamais Cascio, creó el acrónimo BANI (2) para definir el mundo actual, probablemente no tenía en mente a la bella cintura de América Latina; sin embargo, ella es hoy un fiel reflejo de su pensamiento.

Las viejas categorías de análisis que apelan a la lógica causa-efecto, aquí ya no funcionan. Centroamérica demuestra -tal y como podemos comprobar- que el orden fiscal no garantiza bienes sociales y que el crecimiento económico no es determinante en la consolidación de las democracias. Por ello, descifrar los retos que la región tendrá por delante este 2024 demanda bucear múltiples variables para así poder aproximarnos a la esencia de su actual complejidad.

Según muestra el Global Economics Prospect, del Banco Mundial, América Central terminó el 2023 con un crecimiento del 3,6 % (mientras que los cálculos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, superan esa previsión, dan casi 4,0 %).

Si bien representa una caída respecto del 2022, cuando creció a un ritmo del 4,8 %, la economía centroamericana se comportó mejor que el promedio mundial (+3,0 %) y que sus gigantes vecinos inmediatos. En efecto, México creció el 2,5 % y la economía de Colombia en apenas el 1,7 %. Mientras, el principal destino de sus migrantes y fuente de sus remesas –Estados Unidos– creció al 2,4 %. Todas menos que el Istmo.

Estos positivos resultados macroeconómicos del Istmo son consecuencia de un mix de políticas públicas eficientes.

Control fiscal.

Al cierre del año, el déficit fiscal promedio del gobierno central de CARD alcanzó el 2,3 % del Producto Interior Bruto (PIB, promedio simple). Fue levemente superior al del 2022 (1,9 %), pero demostró la capacidad de la región para salir adelante tras la crisis de la pandemia de Covid-19, a partir de un acertado control del gasto público, que retomó los niveles tendenciales de largo plazo, previos a la situación que alteró toda la economía mundial.

“Los retos de la política fiscal en los próximos años continúan siendo mantener el gasto público pro crecimiento en un contexto de sostenibilidad fiscal”, afirma CEPAL en su Estudio Económico de Centroamérica y la República Dominicana en 2023 y perspectivas para 2024.

Deuda pública conservadora.

Como porcentaje del PIB, en promedio, tuvo una leve disminución. El saldo total de la región ronda los US$237.000 millones (50,8 % del PIB). El país más endeudado es Costa Rica (87,3 % del PIB) y el que tuvo la menor deuda fue Guatemala (con un 27,2 %).

Lo significativo es que casi toda la deuda emitida por los países de la región tiene calificación de “estable” o “positiva” de parte de S&P, Fitch, y Moody`s.

Solo Panamá escapa a este escenario, al tener calificación “negativa” de parte de estas dos últimas calificadoras. Fitch considera las presiones fiscales persistentes e incertidumbre de una consolidación y destaca los subsidios a combustibles y electricidad, así como los mayores pagos de intereses como factores que presionan el déficit fiscal de Panamá. Mientras, la agencia S&P varió a estable su perspectiva, basándose en las expectativas del crecimiento económico.

Precios contenidos.

La región termina el año con una inflación anual promedio de 3,4%, inferior al promedio de toda América Latina, que superó el 5%. Entre los factores que explican el indicador están los menores precios internacionales de los productos básicos, que se ajustaron a la baja desde el segundo semestre de 2022, la aplicación de políticas monetarias restrictivas y la puesta en marcha de subsidios a los combustibles.

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE ) destaca el desempeño de Costa Rica en 2023 (-0,9 %) y anticipa un buen resultado para El Salvador en 2024, con 1,7 %. Nicaragua (6,5 %) y Honduras (5,2 %) están en el otro extremo, con los mayores índices de inflación anual en 2023.

Atracción de IED

Por su buena performance macro, por cuestiones geoestratégicas y políticas de integración comercial intra regional, Centroamérica sigue siendo atractiva para la inversión extranjera directa (IED) (ver recuadro Con la ayuda del friendshoring en el PDF)

A buen ritmo, los flujos de IED se han venido recuperando desde el choque de la pandemia. En 2020, ingresaron US$7.082 millones, cifra que escaló a US$14.340 millones en 2021 y se ubicó en US$13.814 millones en 2022.

Los datos proyectados para el 2023 hablan de un flujo que podría ser del orden de los US$12.000 millones.

La República Dominicana, Costa Rica y Panamá son los principales focos de atracción de Inversión Extranjera Directa.

El juego de las paradojas comienza a hacerse evidente en la realidad centroamericana cuando se advierte que su gran capacidad para la resiliencia macroeconómica no se refleja en la producción de bienes y servicios sociales que permitan construir condiciones de desarrollo sostenido y democracias estables.

Algunos contrapuntos invitan a navegar la complejidad no lineal de Centroamérica: Una región que recibió más de US$47.000 millones de IED en los últimos cuatro años, muestra en las estadísticas una tasa de desempleo abierta de solo el 7% promedio, pero con una informalidad que trepa al 60% en el segmento de los jóvenes, muy por encima de la tasa de los adultos (40,8%), de acuerdo a datos de la OIT.

Según el BID, este grado de informalidad de los trabajadores hace que, por ejemplo, casi el 50% de hogares costarricenses no posea ahorros (siendo esta una de las sociedades menos desiguales de la región).

Si bien el flujo de remesas luce como un “factor atractivo” por el cash que insufla a la economía (US$102.000 millones en los últimos dos años), el nivel de dependencia que esto significa es cada vez más alarmante.

Según un informe de Diálogo Interamericano, en Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, las remesas significan más del 20 % de sus respectivos PBI.

El caso más extremo es el hondureño, donde alcanza el 31 %. “Se configuraron economías de servicios basadas en el consumo privado (80% promedio) y con alta dependencia de las remesas”, afirma el informe La encrucijada democrática, elaborado por el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA).

Si bien la Administración Biden amplió hasta los US$4.200 millones la ayuda económica para los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala), continúa la migración de ciudadanos de esos países en los últimos tres años.

un complejo panorama En una región en donde las Administraciones Tributarias “no logran sustraer muchos recursos de la economía, por el diseño de su legislación, regímenes preferenciales para ciertos sectores económicos, informalidad, contrabando y evasión”, según describe el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), los impuestos totales aportan algo más de US$50.000 millones. Paralelamente, el flujo de dinero de las actividades ilícitas produce el equivalente al 23% de los ingresos tributarios, según registros del Global Financial Integrity.

El 51% de centroamericanos atrapados en la pobreza (en Guatemala y Honduras las tasas son diez puntos porcentuales más elevadas, según CEPAL) “no poseen vínculos de pertenencia estatal como para pagar impuestos o exigir mayor recaudación; y los que tributan son renuentes a expandir el gasto y el aparato público, con lo cual se limita el crecimiento económico y se socava el estado de derecho”, advierte claramente el reporte de IDEA.

Dicho todo esto de otro modo, en Centroamérica parecen convivir y entrecruzarse fuerzas multicausales que la convirtieron en una región resiliente –“anti-frágil”– con capacidades para superar crisis dantescas (como pandemia o desastres climáticos), pero que al mismo tiempo es “quebradiza”, producto, probablemente, de sistemas políticos que por décadas vienen construyendo proyectos de poder (de diferente signo ideológico), pero no proyectos de desarrollo económico ni de cohesión social.

Hay un dato que elimina sesgos interpretativos y ayuda a poner las cartas sobre la mesa: los siete países de la CARD están comprendidos entre los 25 más desiguales del mundo, de acuerdo a las estadísticas del Banco Mundial. Y Oxfam aporta: el 10% de la población concentra el 83% de la riqueza. En ese diseño social se observa que las clases medias se fueron licuando, porque sus ingresos reales disponibles se contrajeron en 15 puntos porcentuales, en lo que va del siglo XXI.

De este modo, los decisores fueron conduciendo los procesos de la región hacia la construcción de Estados débiles, deslegitimados, en constantes tensiones provocadas por diferentes facciones políticas que pujan por el poder y por su permanencia en este.

El magro 14% de carga tributaria (frente al 22% promedio en América Latina) lejos de ser un indicador de eficiencia económica y promoción de la actividad privada, se transformó en la condena de Estados que hacen una pobre inversión pública social, y de baja calidad. Según datos que aporta el informe de IDEA, casi el 70% de los jóvenes centroamericanos no termina el bachillerato y la inversión en salud también es precaria (US$200 por habitante al año frente a los US$1.000 del promedio latinoamericano).

Tantas necesidades insatisfechas o precariamente resueltas por los gobiernos fueron haciendo mella, indiscutiblemente, en la percepción que los centroamericanos tienen de la democracia y de los partidos políticos.

Datos del Barómetro de las Américas, aportado por el informe de IDEA, indican que “el 53% en promedio de los centroamericanos manifiesta desilusión con la democracia” (en rangos tan amplios que van desde el 70% de hondureños y 62% de guatemaltecos, al 22% de salvadoreños y 48% de costarricenses y dominicanos). Sin embargo, el 62% cree que la democracia siendo un mejor sistema que la autocracia.

Probablemente, los retos decisivos para la región centroamericana en 2024 (y años sucesivos) pasarán por la forma en la que sus sociedades puedan resolver la “insuficiencia democrática” que las atraviesa.

Se trata, qué duda cabe, de un tema altamente complejo al que la ciudadanía centroamericana tendrá que enfrentarse, con un cúmulo de frustraciones acumuladas: hoy, el 63 % opina que los políticos son corruptos y solo el 43 % confía en los órganos electorales; y , además, surgen una serie de escenarios inciertos en prácticamente todos los países de nuestra asolada región.

Diversas preguntas

¿Se puede seguir sosteniendo con unas elecciones ficticias una dictadura como lo es la nicaragüense?¿Es democracia el camino pseudo-autocrático que va adoptando el que se ha dado en llamar “modelo Bukele” en El Salvador, aún cuando se legitima en las urnas? ¿Es democracia un sistema hostigado y deslegitimado sistemáticamente por los diferentes poderes de turno, tal y como viene ocurriendo en Guatemala?¿Podemos considerar una democracia sana la que sucesivamente termina con presidentes condenados por narcotráfico, como en Honduras y también El Salvador?

Quizá, al final del camino, se compruebe que la pregunta subyacente a tanta complejidad termina siendo, en realidad, muy sencilla: “¿quién paga el desarrollo?”.¿Quién lo hace?¿Un Estado financiado por una carga tributaria no confiscatoria? o ¿un entramado de poderes financiados por el dinero ilícito y la corrupción?

(1) ANTI-FRÁGIL: supone que ante elementos externos, estresantes y que generan desorden (incertidumbre, caos, errores, imprevistos, etc) el sistema sobrevive con resiliencia y mejora su desempeño.

(2)BANI: es un término compuesto por las iniciales de las palabras inglesas Brittle (quebradizo), Anxious (que genera ansiedad), Non-linear (no lineal) e Incomprehensible (incomprensible).