Por los corrillos de la Asamblea Legislativa ya desfilaron al menos cuatro proyectos de ley enfocados en la regulación de las plataformas tecnológicas (como Uber o DiDi), pero ninguno alcanzó el suficiente músculo para imponerse en la agenda del plenario y se atasca, de nuevo, en un proceso que pareciera no tener fin.
La propuesta más reciente se presentó en setiembre de 2019 y versa sobre un consenso entre los diputados que conforman la Comisión de Asuntos Económicos. Pese a que cuenta con el respaldo de distintas fracciones, el texto no termina de seducir al Poder Ejecutivo que no lo tiene -de momento- entre sus prioridades para el período de sesiones extraordinarias.
En ese lapso, que rige entre el 1º de diciembre y el 30 de abril, el gobierno cuenta con la oportunidad de manejar la agenda legislativa y poner en la corriente sus proyectos de interés.
A pesar de que Roberto Thompson -presidente del foro legislativo que preparó el texto- apunta a un desinterés del gobierno, el ministro de la Presidencia -Víctor Morales Mora- aseguró el pasado 13 de enero que se trata de un plan que aún requiere acercar a distintos sectores.
"Hemos recibido señales muy contradictorias del Poder Ejecutivo. Hay muchísima gente a la expectativa de este marco normativo, pero lo cierto del caso es que a hoy (20 de enero) no existe regulación y tampoco gestión de parte del gobierno", dijo Thompson, este 20 de enero mediante declaraciones oficiales.
"El presidente de la República (Carlos Alvarado) lo anunció como una de sus prioridades y tenemos 2 meses de sesiones extraordinaria sin convocatorias del proyecto. Esto evidentemente lo que provoca es una atraso", apuntó el legislador liberacionista.
El ministro Morales aseguró que enviarían el proyecto a la corriente legislativa en febrero. No obstante, el diputado Thompson afirmó que tienen información extraoficial de que se instalaría una nueva mesa de negociación con los sectores involucrados.
Para Thompson, el tema es trascendental en virtud de los miles de taxistas y los miles de conductores de aplicaciones móviles que tienen en el transporte de pasajeros su principal fuente de sustento.
¿Más acercamientos después de varios años? Uber opera en Costa Rica desde el 21 de agosto de 2015 y en noviembre de 2019 comenzó a funcionar DiDi (aplicación similar de capital chino).
Antes de la llegada de estas plataformas tecnológicas hubo fallidos proyectos de regulación planteados desde 2015. Aparece uno del exlegislador Franklin Corella Vargas, del Partido Acción Ciudadana (PAC), otro presentado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y uno más por el diputado independiente Jonathan Prendas. Ninguno pasó más allá del papel.
Rubén Vargas, líder de la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC), confirmó a CRHoy.com que hasta este 20 de enero no han recibido nuevos llamados de diputados o del Poder Ejecutivo para participar en mesas de negociación de cara al trámite del nuevo proyecto de regulación.
De momento, el interés de los taxistas es presionar a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) y a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) para que bloquee la operación de las plataformas en virtud de que no existe un marco jurídico que las respalde.
"Hasta donde yo sé, las conversaciones serán entre el diputado Thompson (Roberto) y el gobierno. El diputado es la persona que quiere dirigir este proyecto y quien está más interesada en que se apruebe. Creo que serán conversaciones entre Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa. A nosotros el que nos tendría que llamar es Thompson y creo que no lo va a hacer", comentó Vargas.
A esto se suma la voz de la empresa Uber, pues mediante una carta abierta publicada el 9 de enero pasado pidió a los diputados y al Poder Ejecutivo agilizar el trámite del proyecto de regulación presentado en setiembre pasado.
Desde Uber, vemos con optimismo el proceso de diálogo alrededor del proyecto de ley No. 21587 que se encuentra actualmente en la Comisión de Económicos. Esta iniciativa fue presentada por señoras y señores diputados de múltiples partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, buscando alcanzar un balance luego de un amplio proceso de conversación y debate en el que se han recibido los criterios técnicos de entidades de gobierno y de todas las partes interesadas desde hace más de un año", indicó Carolina Coto, gerente de comunicación de Uber para Centroamérica.
Según datos brindados por el Consejo de Transporte Público (CTP) en el país hay más de 12.000 placas de taxis, mientras la compañía Uber reportó más de 28.000 choferes registrados y una clientela de casi un millón de usuarios.
