Regulación a Uber y DiDi se atasca de nuevo en Costa Rica

El ministro Morales asegur&oacute; que enviar&iacute;an el proyecto a la corriente legislativa en febrero. No obstante, el diputado Thompson afirm&oacute; que tienen informaci&oacute;n extraoficial de que se instalar&iacute;a una nueva mesa de negociaci&oacute;n con los sectores involucrados. Para Thompson, el tema es trascendental en virtud de los miles de taxistas y los miles de conductores de aplicaciones m&oacute;viles que tienen en el transporte de pasajeros su principal fuente de sustento. ¿M&aacute;s acercamientos despu&eacute;s de varios a&ntilde;os? Uber opera en Costa Rica desde el 21 de agosto de 2015 y en noviembre de 2019 comenz&oacute; a funcionar DiDi (aplicaci&oacute;n similar de capital chino). Antes de la llegada de estas plataformas tecnol&oacute;gicas hubo fallidos proyectos de regulaci&oacute;n planteados desde 2015. Aparece uno del exlegislador Franklin Corella Vargas, del Partido Acci&oacute;n Ciudadana (PAC), otro presentado por el Ministerio de Obras P&uacute;blicas y Transportes (MOPT) y uno m&aacute;s por el diputado independiente Jonathan Prendas. Ninguno pas&oacute; m&aacute;s all&aacute; del papel. Rub&eacute;n Vargas, l&iacute;der de la Uni&oacute;n de Taxistas Costarricenses (UTC), confirm&oacute; a CRHoy.com que hasta este 20 de enero no han recibido nuevos llamados de diputados o del Poder Ejecutivo para participar en mesas de negociaci&oacute;n de cara al tr&aacute;mite del nuevo proyecto de regulaci&oacute;n. De momento, el inter&eacute;s de los taxistas es presionar a la Autoridad Reguladora de Servicios P&uacute;blicos (Aresep) y a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) para que bloquee la operaci&oacute;n de las plataformas en virtud de que no existe un marco jur&iacute;dico que las respalde. &quot;Hasta donde yo s&eacute;, las conversaciones ser&aacute;n entre el diputado Thompson (Roberto) y el gobierno. El diputado es la persona que quiere dirigir este proyecto y quien est&aacute; m&aacute;s interesada en que se apruebe. Creo que ser&aacute;n conversaciones entre Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa. A nosotros el que nos tendr&iacute;a que llamar es Thompson y creo que no lo va a hacer&quot;, coment&oacute; Vargas. A esto se suma la voz de la empresa Uber, pues mediante una carta abierta publicada el 9 de enero pasado pidi&oacute; a los diputados y al Poder Ejecutivo agilizar el tr&aacute;mite del proyecto de regulaci&oacute;n presentado en setiembre pasado. Desde Uber, vemos con optimismo el proceso de di&aacute;logo alrededor del proyecto de ley No. 21587 que se encuentra actualmente en la Comisi&oacute;n de Econ&oacute;micos. Esta iniciativa fue presentada por se&ntilde;oras y se&ntilde;ores diputados de m&uacute;ltiples partidos pol&iacute;ticos representados en la Asamblea Legislativa, buscando alcanzar un balance luego de un amplio proceso de conversaci&oacute;n y debate en el que se han recibido los criterios t&eacute;cnicos de entidades de gobierno y de todas las partes interesadas desde hace m&aacute;s de un a&ntilde;o&quot;, indic&oacute; Carolina Coto, gerente de comunicaci&oacute;n de Uber para Centroam&eacute;rica. Seg&uacute;n datos brindados por el Consejo de Transporte P&uacute;blico (CTP) en el pa&iacute;s hay m&aacute;s de 12.000 placas de taxis, mientras la compa&ntilde;&iacute;a Uber report&oacute; m&aacute;s de 28.000 choferes registrados y una clientela de casi un mill&oacute;n de usuarios.

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