Por estrategiaynegocios.net / AFP
Por medio de un comunicado, Minera Panamá anunció su satisfacción por la entrada en vigencia de la Ley No. 406 de 2023, que aprueba el nuevo contrato de concesión para Cobre Panamá.
Ante el hecho, Tristan Pascall, CEO de First Quantum, dijo que se "complace que el contrato revisado establezca las bases para una relación renovada a largo plazo entre Panamá y First Quantum"
Asegura que están comprometidos a cumplir con las obligaciones del contrato y a ejercer una gestión responsable de la mina Cobre Panamá, "incluyendo un impacto positivo continuo en nuestra fuerza laboral, las comunidades vecinas y el medio ambiente".
Mientras esta postura se daba a conocer, las protestas seguían en las calles exigiendo dar marcha atrás, todo por el bien del ambiente y de los ciudadanos panameños, según los manifestantes.
-Choques entre manifestantes y policías-
Policías panameños lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes que bloquearon este lunes calles de la capital y otras regiones en rechazo a un contrato que permite a la compañía canadiense First Quantum Minerals operar en el país la mina de cobre más grande de Centroamérica.
Al caer la noche siguieron registrándose algunos enfrentamientos en varios puntos del país, incluso en Ciudad de Panamá, donde manifestantes quemaron neumáticos y lanzaron piedras a los efectivos antimotines. La Policía informó de al menos 25 detenidos.
"¡Abajo los vendepatria!", "¡No al contrato minero!", corearon manifestantes. Algunos llevaban banderas panameñas y pancartas que rezaban: "Protejamos nuestros recursos naturales", "Basta de destruir nuestras tierras", "La Patria se defiende".
Los bloqueos y protestas afectaron estratégicas calles y avenidas de la capital y otras ciudades y provincias como Colón, Chiriquí, Veraguas, Los Santos y Coclé. En Ciudad de Panamá se paralizó el tráfico en amplias zonas y algunas estaciones del metro debieron cerrar.
Las protestas, en las que participan obreros de la construcción, maestros, universitarios y miembros de comunidades indígenas, entre otros sectores, fueron convocadas por sindicatos y ambientalistas, luego de que el presidente Laurentino Cortizo sancionara el viernes la ley que establece el contrato, aprobada pocas horas antes por el Congreso.
El gobierno suspendió la jornada escolar en prevención de disturbios por las protestas, que empezaron desde temprano del lunes, más intensas que las registradas el viernes y el fin de semana en la capital.
- En pie de lucha -
La movilización continuará el martes. Gremios de maestros convocaron a un paro de labores de 48 horas.
Las protestas piden la derogación de la ley que selló el acuerdo firmado este año entre la minera y el gobierno, negociado después de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional en 2017 el contrato de explotación original.
El nuevo contrato contempla aportes mínimos anuales de 375 millones de dólares de la minera al Estado panameño, diez veces el monto del acuerdo anterior. "Es una mejora sustancial", argumentó este lunes el ministro de Comercio, Federico Alfaro.
Sin embargo, algunos sectores se oponen porque consideran que el contrato es "inconstitucional" y los aportes de la compañía al Estado son insuficientes, además de representar una amenaza para el medio ambiente.
"Estamos en pie de lucha frente a la venta de la patria", dijo Saúl Méndez, secretario general del Suntracs, el mayor sindicato panameño.
El contrato permite a la minera operar en Panamá por 20 años, prorrogables a otros 20. Desde febrero de 2019 la mina a cielo abierto, situada en la costa del Caribe, produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año.
El gobierno destaca que la mina genera 8.000 empleos directos y 40.000 indirectos, y aporta el 4% del PIB a la economía panameña.
En los próximos 30 días, Minera Panamá deberá realizar los pagos iniciales para cubrir los impuestos y regalías hasta finales del año 2022, los cuales ascienden a aproximadamente US$395 millones. Además, deberá efectuar ciertos pagos correspondientes a los impuestos corporativos del año 2023, así como pagos trimestrales de regalías, todo dentro de un plazo de 30 días. Se estima que los pagos totales por impuestos y regalías para los años 2022 y 2023 alcancen los US$770 millones.
