Después de casi cinco años viviendo y trabajando en Panamá y conociendo el país y su gente, no me queda la menor duda de que he disfrutado de un país dinámico, dotado de una belleza geográfica única y de un potencial enorme. También he visto de primera mano los enormes retos que enfrenta el país.
Las necesidades de inversión en el sector de infraestructura, por ejemplo, fácilmente pueden desbordar las finanzas públicas de Panamá. Es por eso que estoy convencido de que uno de los mayores logros recientes de Panamá es la aprobación de una nueva ley de Asociaciones Público Privadas (APPs) que tiene el potencial de ser un punto de inflexión en el rol del sector privado en proyectos de infraestructura en el país.
La nueva ley, que fue sancionada por el presidente Lauretino Cortizo en septiembre, era una importante tarea pendiente para el país. Con este nuevo marco legal y los pasos que está dando el gobierno para su implementación, Panamá tendrá una mayor capacidad de atraer empresas privadas locales e internacionales para que inviertan y ejecuten proyectos que ayudan a generar empleos, mejorar la calidad de vida de los panameños y promover el crecimiento económico. En mi cargo de gerente senior de la Corporación Financiera Internacional (IFC), parte del Grupo Banco Mundial, para Centroamérica y el Caribe vi durante mucho tiempo la necesidad urgente de esta legislación y estuve muy agradecido cuando el gobierno nos dio la oportunidad de ofrecer algunas recomendaciones para que la ley incorporará mejores prácticas globales en esta materia.
Las APP son transacciones complejas de largo plazo entre una empresa privada y una entidad gubernamental con el objetivo final de proveer un servicio público, en el cual la compañía privada asume la mayor parte del riesgo incluyendo la construcción y el manejo logístico de la operación. Estos contratos movilizan financiamiento del sector privado para proyectos -disminuyendo la presión fiscal para los gobiernos-- y han sido una herramienta clave para que varios países puedan, por ejemplo, construir nuevas redes de infraestructura vial, mejorar sus servicios públicos o desarrollar proyectos urbanos que ayudan a mitigar el cambio climático.
Como el resto de Latinoamérica y el Caribe, Panamá necesita crecer más rápido y de una manera más sostenible e inclusiva. Los principales desafíos que impiden un mayor crecimiento tanto en Panamá como en la región son bien conocidos e incluyen problemas persistentes como la baja productividad y competitividad, la falta de buena conectividad entre todas las zonas interiores, y el manejo deficiente de recursos hídricos y aguas residuales, indicadores que usualmente están ligados a servicios de infraestructura ineficientes. Para superar estos obstáculos, se requiere de un esfuerzo coordinado entre el sector privado y el sector público basado en reglas transparentes. La nueva legislación para APPs es un paso en esta dirección.
Con esta ley, Panamá está buscando desarrollar una cartera (pipeline) de proyectos bien estructurados y bancables que logren atraer inversiones del sector privado. No es un trabajo fácil. La construcción de una cartera de proyectos requiere capacidad institucional y buenos procedimientos para priorizar y evaluar proyectos y también determinar cuáles son los más adecuados para el modelo de APPs. Es necesario realizar debida diligencia y la preparación de los proyectos que incluye, entre otras muchas tareas, precalificar a los licitantes con base en criterios bien definidos que aumentan la calidad de las ofertas técnicas y financieras.
Evaluar los riesgos de un proyecto es otro paso importante para construir una cartera sólida de APPs. Los casos más éxitos de proyectos de APPs son aquellos en los cuales las instituciones responsables se toman el tiempo para hablar con las partes interesadas, incluida la sociedad civil, los organismos reguladores, los actores del mercado y los potenciales inversionistas. Es clave adoptar un enfoque participativo y alentar la discusión sobre temas relacionados con los impactos ambientales y sociales. La incorporación temprana de las comunidades a estos procesos hace que los proyectos sean más sólidos y sostenibles.
El gobierno de Panamá está trabajando precisamente para construir esta capacidad institucional que le permita desarrollar una cartera de proyectos siguiendo las mejores prácticas internacionales. La nueva ley es un paso importante para que Panamá pueda impulsar la inversión del sector privado hacia los proyectos de infraestructura que el país necesita urgentemente.
