Por AFP
Un grupo de expertos contratado por la ONU exigió este viernes a Honduras respetar a las comunidades afectadas por proyectos de desarrollo y a los ambientalistas y defensores de derechos humanos que las apoyan.
Las empresas nacionales e internacionales que ejecutan proyectos deben 'asegurar a las personas que sus garantías fundamentales serán protegidas cuando se lleven a cabo proyectos que toquen a sus comunidades', demandó el grupo al terminar una visita al país centroamericano.
Los expertos fueron contratados como voluntarios de un grupo independiente de investigación por la Organización de las Naciones Unidas, en el marco de los 'procedimientos especiales' que tiene el organismo.
'El Estado debe actuar ahora para poner fin a los ataques recurrentes, hostigamiento y la intimidación de los defensores de los derechos humanos, los dirigentes sindicales, los pueblos indígenas y los representantes de las comunidades que denuncian violaciones a las garantías fundamentales' al ejecutarse proyectos de desarrollo, exigieron.
La integrante del grupo Anita Ramasastry recomendó a las empresas que ejecutan las obras que 'escuchar todas las voces ayuda a identificar, mitigar y abordar las quejas antes de que se conviertan en conflictos'.
Al menos media docena de comunidades hondureñas afrontan conflictos con empresas que llegaron con proyectos mineros e hidroeléctricos rechazados por causar daños al ambiente.
El jueves pasado fue asesinado a tiros en la zona del Aguán, departamento de Colón, noreste, el ambientalista Roberto Antonio Argueta, de 45 años, por defender el río Guapinol de una hidroeléctrica, según denunció la oficina de Naciones Unidas en Tegucigalpa.
Pero el crimen más impactante ocurrió en marzo de 2016, cuando fue asesinada la emblemática ambientalista Berta Cáceres, por impedir con manifestaciones indígenas la construcción de una represa en el oeste del país.
Honduras está catalogado como uno de los países más peligrosos para los defensores del ambiente y los derechos humanos, que son amenazados por empresarios que gozan del apoyo del gobierno, la policía y los militares, según activistas humanitarios.
Un grupo de expertos contratado por la ONU exigió este viernes a Honduras respetar a las comunidades afectadas por proyectos de desarrollo y a los ambientalistas y defensores de derechos humanos que las apoyan.
Las empresas nacionales e internacionales que ejecutan proyectos deben 'asegurar a las personas que sus garantías fundamentales serán protegidas cuando se lleven a cabo proyectos que toquen a sus comunidades', demandó el grupo al terminar una visita al país centroamericano.
Los expertos fueron contratados como voluntarios de un grupo independiente de investigación por la Organización de las Naciones Unidas, en el marco de los 'procedimientos especiales' que tiene el organismo.
'El Estado debe actuar ahora para poner fin a los ataques recurrentes, hostigamiento y la intimidación de los defensores de los derechos humanos, los dirigentes sindicales, los pueblos indígenas y los representantes de las comunidades que denuncian violaciones a las garantías fundamentales' al ejecutarse proyectos de desarrollo, exigieron.
La integrante del grupo Anita Ramasastry recomendó a las empresas que ejecutan las obras que 'escuchar todas las voces ayuda a identificar, mitigar y abordar las quejas antes de que se conviertan en conflictos'.
Al menos media docena de comunidades hondureñas afrontan conflictos con empresas que llegaron con proyectos mineros e hidroeléctricos rechazados por causar daños al ambiente.
El jueves pasado fue asesinado a tiros en la zona del Aguán, departamento de Colón, noreste, el ambientalista Roberto Antonio Argueta, de 45 años, por defender el río Guapinol de una hidroeléctrica, según denunció la oficina de Naciones Unidas en Tegucigalpa.
Pero el crimen más impactante ocurrió en marzo de 2016, cuando fue asesinada la emblemática ambientalista Berta Cáceres, por impedir con manifestaciones indígenas la construcción de una represa en el oeste del país.
Honduras está catalogado como uno de los países más peligrosos para los defensores del ambiente y los derechos humanos, que son amenazados por empresarios que gozan del apoyo del gobierno, la policía y los militares, según activistas humanitarios.
