'Señor dame paz en mi corazón (...) yo nunca me esperaba esto', lloraba desconsolada Yadira Córdoba, aferrada al ataúd de su hijo Orlando Córdoba, en momentos que salía el sepelio hacia el cementerio en Managua acompañado de centenares de amigos.
Córdoba, de 14 años, estudiante de primaria, fue alcanzado por una bala en el sector de la Universidad Centroamericana (UCA) cuando participaba el miércoles en una marcha de solidaridad con la madre de muertos en las protestas antigubernamentales.
El cuerpo del joven abatido fue cubierto por una pañoleta azul y blanca donde se leía: 'patria libre' y le fue depositada una playera con la que jugaba al fútbol, firmada por sus compañeros de equipo y de estudio.
Escenas de dolor y consternación se repiten en otras 15 familias que perdieron a sus familiares, en lo que la Alianza Cívica que agrupa a opositores han calificado como la 'peor masacre' desde que estalló la ola de protestas el 18 de abril.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a Nicaragua protección para el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, uno de los más críticos al gobierno y miembro de la comisión de mediación en el diálogo entre el gobierno y la oposición.
'Los derechos a la vida e integridad personal de Silvio José Báez Ortega y sus familiares se encuentran en grave riesgo', indicó la CIDH en un comunicado divulgado en Washington.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que contabilizó 16 muertos el miércoles, señaló que 'los agresores fueron la policía represiva y las fuerzas de choque' que responden al presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
Decenas de miles de nicaragüenses que participaron en la noche del miércoles en marchas en varias ciudades, en apoyo a las madres que han perdido a sus hijos en las protestas, fueron emboscados por francotiradores, mientras hombres armados trataban de disolverlos a balazos en tierra.
La matanza motivó una enérgica respuesta internacional.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó en un video divulgado el jueves 'los asesinatos' y llamó al gobierno de Ortega a 'detener la violencia de estos factores represivos'.
Washington, en tanto, exigió 'una investigación inmediata, por parte de un grupo interdisciplinario independiente de expertos, para investigar las muertes y la violencia en Nicaragua'.
Pero el gobierno nicaragüense negó su responsabilidad en los hechos.
'No existen fuerzas de choque ni grupos paramilitares afines al gobierno, por lo que no podemos aceptar que se nos pretenda acusar de acontecimientos dolorosos y trágicos que no hemos provocado, que jamás provocaremos', señaló en tanto un comunicado del gobierno de Ortega.
Diálogo lejano
La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) anunció el jueves que no reanudará el diálogo con el que se busca una salida a la crisis mientras 'el pueblo siga siendo reprimido y asesinado' en las calles.'Hemos vivido con profundo dolor los acontecimientos violentos perpetrados la noche de ayer (miércoles) por grupos armados afines al gobierno contra la población civil', repudió el CEN, que condenó 'enérgicamente todos estos hechos violentos en contra del ejercicio de la libre manifestación pacífica'.
Las negociaciones, que se iniciaron el 16 de mayo con la mediación episcopal en un clima de tensión, fueron suspendidas tras apenas cuatro sesiones debido a la falta de una agenda consensuada: mientras los representantes de la sociedad querían discutir un adelanto de las elecciones y la democratización del país, el gobierno, que exigía el fin de las protestas, denunció una conspiración para 'un golpe de Estado'.
En medio de los cuestionamientos por la represión a los manifestantes, Ortega responsabilizó a grupos de oposición con 'agendas políticas específicas' que buscan 'aterrorizar' a la población.
Durante los incidentes resultaron quemadas instalaciones de la emisora oficialista Radio Ya y una cooperativa de crédito rural. La fachada del estadio nacional de béisbol, en tanto, quedó destruida.
También fueron atacados el canal opositor 100% Noticias y las plantas de transmisión de la también opositora radio Darío, en la ciudad de León, denunciaron sus propietarios.
Ortega rechazó los llamados de sus adversarios a dejar el poder, declarando el miércoles durante una marcha oficialista que 'Nicaragua no es propiedad privada de nadie'.
'Aquí nos quedamos todos', espetó Ortega el miércoles al rechazar el llamado de empresarios, estudiantes y sociedad civil para que deje el poder.
