Por estrategiaynegocios.net
El gobierno de Daniel Ortega ordenó el congelamiento de las cuentas de la Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua, dirigida por jesuitas. También, el Registro Público ha inmovilizado todos los bienes inmuebles de la institución jesuita, a pedido de la Procuraduría General de la República (PGR).
Ante estas acciones, diversos actores han salido a exigir respeto hacia la educación superior y la libertad intelectual.
Uno de ellos fue el Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Nicaragua, Silvio Bárez, quien expresó que, como exalumno repudiaba la agresión de la dictadura contra este centro de estudios.
“El congelamiento de sus cuentas es un atropello a la educación superior, a la libertad intelectual, a la cultura y a toda la sociedad”, indicó en sus redes sociales.
Igualmente, la Cátedra Centroamérica y el Campus Centroamérica, instancias de la Universidad de Costa Rica (UCR), publicaron un comunicado de rechazo a los recientes ataques del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la UCA.
“Expresamos nuestra profunda preocupación y solidaridad... Hemos sido testigos de la reciente decisión del régimen de Ortega y Murillo de congelar las cuentas y activos de esta prestigiosa institución académica, una medida que busca llevar al cierre de una universidad que ha sido baluarte de la educación, la investigación y la promoción de valores democráticos en Nicaragua”, indicaron.
Añade el documento que “la acción contra la UCA no es solo un ataque a la educación superior, sino una grave lesión a los derechos humanos del pueblo nicaragüense”.
EN CONTEXTO
Según la información de Divergentes, las autoridades nicaragüenses no informaron a la universidad si existe una investigación por el origen de los fondos, ni se ha mencionado una posible negociación al respecto.
La UCA trasladó a sus colaboradores y estudiantes que “por inconvenientes en nuestros canales y medios de pago ajenos a nuestra voluntad” no está recibiendo los pagos correspondientes.
La universidad está en el punto de mira del Gobierno, ya que se convirtió en uno de los bastiones de los manifestantes opositores desde la crisis sociopolítica iniciada en 2018, en la que murieron más de 350 personas, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Es de recordar que este año se disolvió cerca de una decena de universidades, al retirar la personalidad jurídica de varias de estas instituciones.
Con información de 100%Noticias/Religión Digital
