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Nicaragua: buscan frenar la deforestración

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, envió al Congreso un proyecto para centralizar la administración y protección de los bosques, arrasados de manera 'descomunal' en los últimos 20 años.

2014-03-22

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, envió al Congreso un proyecto para centralizar la administración y protección de los bosques, arrasados de manera 'descomunal' en los últimos 20 años.

Por: AFP

El Ejecutivo busca poder controlar las solicitudes de explotación forestal, supervisar a las empresas madereras y promover 'el uso racional y sostenible de los bosques', según el proyecto integrado a una ley que Ortega mandó en febrero al Congreso con el propósito de modernizar 'el ordenamiento jurídico del país' de acuerdo con las nuevas realidades.

De acuerdo a la reforma, la 'Presidencia asumirá la administración forestal en todo el territorio nacional'.

Se estima que Nicaragua pierde entre 70.000 y 80.000 hectáreas de bosques al año debido a la explotación irracional y la tala ilegal, a pesar a los planes de reforestación hechos por el gobierno, según la información de la organización no gubernamental Fondo Nacional de Reciclaje (Fonare), en base a datos oficiales.

'En los últimos 20 años se ha perdido el 80% de bosque, hay un deterioro descomunal', coincidió el geólogo William Martínez, en una reciente entrevista con la AFP.

Nicaragua posee 56.000 km2 de bosques, que equivalen al 43% de su territorio, la mayoría en la región del Caribe y el departamento de Río San Juan (sur), según datos oficiales.

Líderes indígenas del Caribe norte del país denunciaron que la empresa Alba Forestal, de capital nicaragüense-venezolano, y 'mafias madereras' están explotando y comercializando estos recursos, reveló el vicepresidente de la Comisión de Medioambiente del Congreso, el diputado opositor Boanerges Matus, al diario La Prensa.

Existe 'un silencio sospechoso en torno a Alba Forestal y de los recursos que está explotando', porque nadie sabe 'para dónde se va la madera', dijo Matus, al referirse a las denuncias de los indígenas.

En el proyecto, Ortega también propone asumir la competencia del Instituto de Protección y Seguridad Sanitaria del Ministerio Agropecuario, que supervisa la situación de las plagas y la calidad fitosanitaria.

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